Remedios políticos para PAMI. Análisis

Las denuncias de estafa y corrupción son crónicas, los delitos con medicamentos, continuos; los prestadores dicen que les deben y los afiliados que no los atienden. Con 20 mil empleados, 120 mil prestadores y 4.200 millones de dólares de presupuesto anual el PAMI parece no conformar a nadie.
Hoy se discute el convenio de prestación farmacéutica que insume 33.000 millones de pesos anuales y desea bajarse un 20% fijando precios máximos y comprando remedios en forma directa en lugar de hacerlo a través de las cámaras que se cartelizan. La gente se enoja con el farmacéutico, pero no es quien sube los precios ni se niega a bajarlos.
Somos favorables a cualquier movida que intente limitar el abuso de la industria farmacéutica, pero por medio de políticas y no a través de titulares y golpes efectistas.
El precio de los fármacos habría que regularlos por ley, con una fórmula que asegure rentabilidad al vendedor y accesibilidad al comprador. El precio debe contemplar inflación, costo de producción e investigación -si hubiere-, gastos de distribución y aranceles y ganancia no abusiva. Además habría que citar a una “paritaria anual” que defina los aumentos.
No puede quedar unilateralmente en manos del productor, porque es un bien social, pero tampoco sujeto al “capricho” de una oficina del Estado, porque genera corrupción.
Pero la verdadera y efectiva forma que se usa en el mundo para bajar el precio de los remedios es la ley de genéricos, que en nuestro país se aprobó en 2002 y hoy no se aplica. La sustitución de marcas caras por sus equivalentes más económicas aprobadas por ANMAT genera un 30% de ahorro.
También se puede ahorrar incorporando receta electrónica única y firma digital de los profesionales intervinientes, y suscribiendo convenios directos con las farmacias, que son las prestadoras; no con la industria que es la intermediaria que encarece y carga con conflicto de interés.
Finalmente, el PAMI necesita un plan para racionalizar el uso de los fármacos, es decir que sean tomados cuando hacen falta y no porque su costo está cubierto. Seis millones de recetas mensuales que cuestan 1.700 millones de dólares son insostenibles.
La creencia popular de que se vive más y mejor gracias al uso de medicamentos debe modificarse, ya que 20% de los ancianos sufre problemas relacionados con fármacos, mientras que en menores de 55 años solo 10% los padece.
El envejecimiento no es una enfermedad sino un proceso fisiológico natural y dinámico, pero los mayores de 60 años consumen 3 veces más medicamentos que el resto de la población.
La polifarmacia, o consumo simultáneo de 5 o más medicamentos, es riesgosa, ya que la absorción, distribución y eliminación de los remedios disminuyen con la edad.
Hay que tener especial precaución antes de recetar nuevos medicamentos a personas de edad avanzada ya que las concentraciones sanguíneas que estos productos alcanzan son más elevadas en ancianos, lo que se traduce en efectos terapéuticos y adversos superiores, incluso en dosis habituales.
Es frecuente observar abuelos confusos, inestables, somnolientos o con tendencia a caerse y lesionarse por efecto de los medicamentos. Las estadísticas muestran que 20% de los adultos mayores ingresados a emergencias hospitalarias presentan efectos farmacológicos iatrogénicos debido al sobreconsumo de fármacos y al desorden farmacoterapéutico.
Por eso, el médico que observe un nuevo síntoma en un anciano debe sospechar de efectos secundarios a medicamentos y no recetar nuevos productos para tratar los problemas causados por los remedios que el paciente toma. Por el contrario, los profesionales experimentados suelen eliminar la mayoría de los fármacos y, con frecuencia, el paciente mejora.
Es esencial educar sobre fármacos al adulto mayor, a sus familiares y a cuidadores. Confeccionarles un plan farmacoterapéutico claro y escrito y evaluar la respuesta a la medicación y a sus reacciones adversas.
Es necesario abordar racionalmente el modo en que se prescriben, dispensan y utilizan los productos farmacéuticos, para evitar errores que generan más consultas y tratamientos médicos, nuevas enfermedades y muertes.
El PAMI debe enfatizar la atención primaria de la salud de los jubilados y asegurarse de que sus médicos prescriban fármacos necesarios, efectivos y seguros, y que sus farmacéuticos informen el uso correcto de cada producto dispensado y que en lo posible sea el más económico.
Debemos encontrar políticas apropiadas para que el precio de los fármacos no se dispare y su consumo sea racional, particularmente en los jubilados, que son los que menos ganan y más remedios necesitan.
Por Marcelo Peretta : Doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y Secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB)