Recorte de fondos a la Ciudad: el oficialismo avanza en el Senado y las miradas están en la Justicia

En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo del Senado comenzó su nueva ofensiva sobre los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras todos los ojos están puesto en la Corte Suprema, que debe definirse sobre el reclamo que presentó el Ejecutivo porteño por la quita de recursos ya decretada por Alberto Fernández la semana pasada, el gobierno busca avanzar en el Congreso con un proyecto que fija un monto anual fijo para que la Ciudad se haga cargo de la Seguridad. Eso reduciría el porcentaje que recibe de coparticipación al 1,4%. Por la decisión presidencial ya se reduce del 3,5% al 2,32%.

De la primera reunión en el Senado participó la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, que se encargó de explicar los alcances de la iniciativa que ingresó a la Cámara alta el jueves pasado, durante una videoconferencia con senadores del oficialismo y de la oposición.

El proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad. Con ese monto el gobierno porteño deberá costear el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. La iniciativa establece que ese monto será actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

El interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su posición contraria en medio de la polémica abierta cuando el gobierno nacional anunció la semana pasada la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad para resolver el conflicto generado ante un reclamo salarial de la policía bonaerense. La decisión fue tomada por Alberto Fernández sin previo aviso al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, con quien no había hablado del tema desde el inicio de la pandemia en marzo. La jugada fue leída como una traición por las autoridades de la Capital.

En un texto de 130 páginas, la Procuración de la Ciudad, siguiendo instrucciones del gobierno porteño, presentó un amparo ante la Corte Suprema y calificó el recorte de “inconstitucional, improvisado e intempestivo”.

No hubo respuesta de la Corte aún respecto al reclamo porteño, como tampoco hubo pronunciamiento sobre el desplazamiento de los jueces decidido por el oficialismo en el Senado y por un decreto del Presidente. Con este contexto de fondo, este martes los jueces del máximo tribunal tendrán su habitual reunión y podría salir alguna definición.