Plan Nacional de Suelos, el gobierno avanza con la implementación

Plan Nacional de Suelos, el gobierno avanza con la implementación

En el país hay alrededor de 3,5 millones de hogares con déficit habitacional. El gobierno avanza con la implementación del Plan Nacional de Suelos 

En los últimos tres meses, el gobierno nacional accedió a 11.800 lotes en los que financiará la urbanización y la infraestructura.

La toma y el desalojo de Guernica volvió a poner en agenda un problema estructural del país: el déficit de vivienda. Si bien el Estado cuenta con programas de vivienda, como pueden ser el Procrear o Argentina Construye; el primer paso en la planificación del hábitat es la generación de tierra urbana y habitable.

El programa se llama Plan Nacional de Suelos y fue lanzado por la ministra María Eugenia Bielsa a principios de agosto

En los últimos tres meses, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat accedió a 11.800 lotes de distintos tamaños, con un mínimo 250 metros cuadrados. Las tierras pertenecen a provincias, municipios, cooperativas, sindicatos o privados, que acuerdan con el Gobierno nacional para que financie la urbanización y la infraestructura. Así, esa tierra será luego un lote con servicio, que se utilizará para programas de vivienda.

El programa se llama Plan Nacional de Suelos y fue lanzado por la ministra María Eugenia Bielsa a principios de agosto. El suelo lo pone a disposición un ente público o privado y desde el Ministerio de Hábitat trabajan en la provisión de agua corriente, desagües cloacales, tendido eléctrico, alumbrado público, trazado de calles o redes de gas.

En el país hay alrededor de 3,5 millones de hogares con déficit habitacional y desde el Gobierno estiman que al menos el 40 por ciento necesita una vivienda.

Luciano Scatolini, subsecretario de política de suelo, explicó cómo esos bancos de tierra luego se pueden transformar en viviendas. “El modelo que hoy funciona mejor es el de los municipios que tenían tierra y la ofrecen para dotarla de infraestructura.

Nosotros hacemos el financiamiento y el municipio luego decide qué hacer con los lotes.

Si los adjudican, tiene que ser a familias que no tengan una vivienda a su nombre; ni ser beneficiarios de otros planes y tener residencia en el lugar donde se hace el loteo. Si lo venden, debe ir a cuentas de afectación especial para ser reinvertido en políticas de hábitat”, explicó.

Sobre un lote, el municipio de acuerdo a sus ordenanzas decide si se edifican casas, edificios o desarrollos habitacionales. Desde que estos casi 12 mil lotes que los gobiernos subnacionales solicitaron transformar en suelo urbano; hasta que efectivamente se edifica una vivienda pueden pasar varios meses. Por ejemplo, en el caso de Villa Gesell, el Estado financió 500 lotes en donde sólo faltaba la obra eléctrica. En 3 meses la tierra queda en condiciones para ser utilizada para vivienda.

“La idea es que los lotes queden terminadas para febrero o marzo de 2021. Hasta el momento adhirieron al programa 11.800 lotes con convenios firmados entre el Ministerio y las provincias y municipios. Pero van dos meses del programa, por lo que se espera que sean muchos más”, anticipó Scatolini en diálogo con este diario.

La forma que tienen los municipios para generar suelo urbano es a través de tierras fiscales o con convenios con privados; en los casos donde financien una subdivisión de lotes, o que una ordenanza que vote el consejo deliberante puede revalorizar la tierra de un privado.

“Los municipios son centrales en la generación de suelo urbano”, dijo a este diario una fuente de la Secretaría de Municipios. “No sirve de nada un Estado comprando tierras, porque están concentradas; el mercado te pones las condiciones, y generas una transferencia enorme de recursos”, agregó la fuente.

Barrios Cerrados

Otro de los mecanismos mediante el cual el Estado puede acceder a tierras es a través de los barrios cerrados. Según la Ley de Hábitat, que sólo rige en la provincia de Buenos Aires, los barrios cerrados deben ceder el 10 por ciento de la superficie; ya sea en el mismo lugar o fuera de la urbanización, o inclusive entregar el recurso monetario para comprar el equivalente de tierras. “Hay muchos barrios que se aprobaron y no hicieron estas cesiones o la inversión que la ley establece”, explicó Scatolini.

Desde el Ministerio de gobierno bonaerense indicaron que todavía no cuentan con los datos de cuántas hectáreas podrían sumar si se resuelven estas irregularidades “La no puesta en norma de las urbanizaciones cerradas no tiene como responsable al propietario que se hizo una casa, sino al Estado”, dijo Teresa García, quien estará a cargo de encontrar soluciones habitacionales.

Así como el Gobierno trabaja en un acuerdo económico y social con todos los sectores de un mismo rubro industral, el ministerio de Hábitat inició el viernes pasado una mesa con 146 participantes para analizar políticas de suelo y programas de financiamiento para la generación de suelo urbano. Allí se sentaron desde el empresario Damián Tabakman, de la Cámara de Desarrollares Urbanos (Cedu), hasta Franco Segesso, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).