Otra semana política complicada: coparticipación, Corte Suprema y cuarentena
Con el arrastre del conflicto por la recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires y después de otra jornada con «banderazos», comienza una semana que definitivamente pone a la Corte Suprema en el lugar que menos le agrada: resolver temas densos generados por la disputa política. No es lo único en agenda pública. Habrá también señales económicas, con el envío del Presupuesto al Congreso. Y otra vez, la cuarentena.
El gobierno porteño presentará su reclamo ante la Corte entre hoy y el miércoles, según confirmaron fuentes allegadas a Horacio Rodríguez Larreta. El escrito contra la poda de coparticipación tendrá de hecho doble formato: un amparo, para frenar los efectos del decreto presidencial, y un reclamo por la cuestión de fondo, es decir, lo que califican como un acto inconstitucional.
Alberto Fernández sorprendió la semana pasada con la decisión de quitarle más de un punto porcentual de coparticipación a la Ciudad, lo que representaría unos 40.000 millones de pesos al año. Lo hizo con el telón de fondo de la demanda de la Policía Bonaerense, que había cruzado los límtes institucionales. Y derivó esa masa de dinero directamente a la provincia de Buenos Aires, para darle una salida a Axel Kicillof y en sintonía con la posición de Cristina Fernández de Kirchner.
La medida presidencial generó una ruptura con Rodríguez Larreta y con el sector moderado de Juntos por el Cambio, en particular los gobernadores de la UCR, que evitaron acompañar a los jefes provinciales del PJ en el aval al recorte de fondos coparticipables que van a la Capital.
La ex presidente había sido la primera figura del oficialismo en cargar contra la gestión porteña. También lo hicieron después Kicillof y Máximo Kirchner. Y el propio Presidente había dado señales en las últimas semanas. De todos modos, la medida resultó un golpe inesperado, porque en todo caso se esperaba que el tema fuera replanteado y reabriera la negociación interrumpida al declarar la cuarentena, en marzo.
Rodríguez Larreta respondió con una conferencia de prensa en la que criticó con dureza la decisión presidencial y anticipó que haría un reclamo judicial, pero buscó mantener su lugar en el centro político, como referente moderado. Eso lo afirma en la interna de JxC, donde el fin de semana reapareció Mauricio Macri, aunque resulta prematuro hablar de candidaturas para el 2023. De todos modos, parece claro el lugar nacional que pasó a ocupar el jefe de Gobierno de la Ciudad.
La «judicialización» del conflicto se plantea en un momento ya especialmente sensible en ese campo. La Corte debería atender en breve los reclamos de jueces que busca desplazar el kirchnerismo, parado en el cuestionamiento a sus traslados durante la gestión macrista. Algunos de esos magistrados tuvieron o aún tienen participación en causas por corrupción.
Los casos más notorios: los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal que lleva la causa de los cuadernos de la coima, entre otros expedientes. El jueves próximo, el Senado daría un paso decisivo para desplazarlos. Eso también afecta los tiempos de la Corte.
El enfrentamiento por los fondos de coparticipación se proyecta además sobre la relación más amplia entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Justamente esta semana, se repite la necesidad de resolver un nuevo capítulo de la extensa cuarentena. Es un interrogante cómo será resuelto este punto, que arrastra sus propias pulseadas entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital.
Ese creciente clima de batalla política sacudió especialmente a la Cámara de Diputados, como expresión directa del avance oficialista con el proyecto de reforma del fuero federal, que logró aprobación en el Senado y espera turno en la otra ala del Congreso.
Sergio Massa negoció con la conducción de JxC -Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro- un entendimiento para encarrilar las sesiones. No existirían problemas con las iniciativas consensuadas, pero los proyectos de mayor peso demandarían volver a los debates presenciales. Una de esas pruebas será el Presupuesto, que esta semana llegará a Diputados.
