Ordenan la intervención del Correo Argentino

Casi en simultáneo, la Justicia dispuso la intervención de la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia de Mauricio Macri, y ordenó la elevación del concurso a la Corte Suprema por razones de “gravedad institucional”, donde podría permanecer hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.

La decisión de la Cámara ocurrió cuatro días antes de que la jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli dispusiera designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante lo que definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo posconcursal impensable”.

La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores. La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.

El coadministrador deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que la jueza Cirulli calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “El proceder evidenciado por la concursada luego de los requerimientos [de la Justicia] es el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.

Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros, con sociedades y abogados amigos. Después de dos años de idas y vueltas, trabas impuestas por la empresa y resoluciones judiciales sinuosas, la jueza Cirulli tuvo que iniciar una investigación. Por eso comenzó a pedir información específica al Correo, además de los libros contables de Socma y Sideco, que ambas se negaban a entregar. La Corte Suprema destrabó esa discusión, al rechazar un recurso del Grupo Macri. Así las cosas, los señalamientos de la resolución de la jueza Cirulli se refieren al intento de investigación de todos aquellos movimientos anómalos.

La jueza sostuvo que cuando le pidió explicaciones al Correo sobre préstamos recibidos de sus controlantes “nada explicó respecto de sus necesidades actuales, ni sobre la cuantía de lo que había utilizado ni sobre lo que pendía de devolución”. La propia firma había sostenido que recibía préstamos: 2 millones de pesos Socma y 4,5 millones de Sideco en 2017. También se habían detectado contratos de locación de servicios y bienes, por los que se habían pagado desde 2012 18.000 dólares mensuales y en determinado momento en 2014 se dejaron de pagar, aunque continuaban los sin contraprestación. Sin embargo, la jueza explica que ahora el Correo da una versión distinta a la anterior y resulta que existe una deuda posconcursal acumulada nunca antes admitida y, que aparecen irregularidades tales como que Sideco no emitía facturas por los supuestos servicios y locaciones. Cirulli había pedido explicaciones en este año a la empresa postal, pero “guardó absoluto silencio” “a pesar de la señalada gravedad”. El pasivo posconcursal que antes negaba, según la jueza asciende a 1.144.260 dólares. Ante la Cámara, el Correo dijo que le habían dejado de cobrar “en su beneficio y de todos sus acreedores”, lo que hacía suponer que las contrataciones no estaban vigentes, sin embargo no era así.

Además, todo indica, Sideco le pagaba gastos legales al Correo. “Su explicación, acreditación y justificación se le exigió” y “la concursada solo aludió a conceptualmente a varios asesoramientos concentrados en materia tributaria y administrativa”, dice la jueza. “No justificó la contabilización de tales erogaciones adicionales ni denunció la cuantía”. La resolución es taxativa al señalar un “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal”.

En el Grupo Socma afirmaron que siempre colaboraron con la Justicia y plantearon que la decisión de la jueza responde a requisitorias de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin “bastante extraños para lo que debe abordarse en un proceso concursal”.

“Lo único que hicieron los accionistas fue a portar fondo sala empresapara que continúe en marcha, bajo la premisa de que solo recuperarán esos fondos una vez que se paguen todas las deudas a todos los acreedores, incluyendo el Estado nacional”, indicó el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa.

Con información de La Nación y Pägina/12