Obstrucción a la causa, la clave para pedir el arresto de De Vido

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que había motivos suficientes para avanzar en el pedido de desafuero de Julio De Vido. En el marco de la causa que investiga el desvío de fondos (por $ 265 millones) que debían dirigirse a la mina de Río Turbio, Irurzun señaló que las razones del pedido del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para la detención de De Vido, se encuentran suficientemente fundamentadas por varias razones. El camarista incluso subrayó la “posibilidad de destrucción” de pruebas y “obstrucción de la causa” por parte del ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner.

Para argumentar por qué debía ser detenido el diputado del FpV, eljuez señaló en primer lugar que se está ante la posibilidad de “enfrentar nuevas interferencias o continuar otras”, que dicho riesgo “aún permanece vigente” y que a su vez debe procurarse “el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es – por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios”.

Los camaristas que avalaron el pe- dido de detención recordaron que en la causa se reunieron “elementos necesarios” para avanzar en la determinación de los hechos y la responsabilidades de todos los acusados, pero que el expediente “se ha visto obstruido por diversos factores”. Y enumera:

Faltante de documentación durante la auditoría.

• En el informe de auditoría interna sobre el “Convenio Tren Histórico y otros” se señaló que los trabajos de verificación realizados no se pudieron completar, en lo referente a los convenios, “por no contar con la mayoría de ejemplares en original. Tampoco se pudo contar con la documentación relacionada con documentos celebrados entre la Facultad Regional Santa Cruz y la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz”, ya sean documentos relativos a ingeniería de base y de detalle, proyectos, cronogramas, avances de obras, planos, notas de análisis, órdenes de servicios, certificaciones de obras, actas de inicio de obra o documentación de recepción de obras o de la producción de servicios, y se señaló que la información brindada por la FRSC “resultó parcial e incompleta”.

Dificultades para reunir la documentación

• Al momento de analizar antecedentes de las operaciones bajo investigación se denunció en declaraciones testimoniales que hubo una “actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes”.

Destrucción de expedientes

• Tal como reveló Clarín, en la causa se denunció la destrucción de un expediente referido a una obra por más de 1 millón de pesos, vinculada a la construcción de la Usina Térmica. Esto fue retomado por el fiscal Germán Moldes, “que ha hecho referencia en esta instancia a la información pública que daría cuenta que se habrían destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio”. Tardanza en la entrega de documentación secuestrada:

• Dentro de esta investigación se allanó la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, “donde se incautaron elementos que fueron colocados en treinta y cuatro cajas: treinta de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después, y las cuatro restantes cinco meses más tarde de aquél procedimiento”. Restricciones a la Fundación

• El juez de primera instancia refirió que por el manejo de la Fundación Regional Santa Cruz y su rol en la causa, se consideró que “se verificaban razones de urgencia que habilitaban disponer la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial, con la remoción de sus actuales autoridades, de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.