Crece el conflicto: el Gobierno nacional busca poner en discusión el nivel de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

El conflicto por las clases presenciales entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta fue derivando en una cuestión que supera las diferencias sobre las nuevas restricciones sociales frente al coronavirus. En medio de la pulseada judicial que deberá definir la Corte Suprema, el Gobierno nacional advirtió a los colegios privados de la Capital que deben suspender las clases y de inmediato el gobierno porteño respondió que la Nación no tiene jurisdicción para “ordenar ni apercibir” a las escuelas.

Las autoridades nacionales enviaron una nota a las cámaras que nuclean a los colegios porteños de gestión privada. Les dicen que deben acatar la decisión de un juez federal, mientras que Rodríguez Larreta se atiene a los dispuesto en sentido contrario por una cámara de la Justicia de la Ciudad. Aclaró que espera y acatará la resolución de la Corte.

La carta del Gobierno nacional a los colegios privados surgió después de que el Presidente se reuniera con Nicolás Trotta. Fue un gesto político. El ministro había quedado en situación difícil como consecuencia de haber defendido las clases presenciales pocas horas antes del DNU que ordenó la suspensión. Como fórmula de salida, se habla ahora de presencialidad “administrada” para limitar en parte la circulación.

La idea de presionar sobre las entidades de gestión privada es interpretada en la oposición como una señal de desconocimiento de la autonomía de la Ciudad. Las cámaras del sector rechazarían la medida porque, anticipan, la autoridad de referencia es el ministerio de Educación porteño.

Poco antes, en otro conflicto, el Gobierno nacional había intentado avanzar en la misma dirección. En este caso, se trató del pedido a la Corte para que no intervenga en la disputa por los fondos de coparticipación recortados a la Capital. Carlos Zannini, como procurador del Tesoro -es decir, jefe de los abogados del Estado nacional- había reclamado al máximo tribunal de Justicia que se declare incompetente en este caso.

La Corte rechazó el reclamo y ratificó así su competencia, lo cual reafirma como ya ocurrió con otras causas, que la Ciudad es considerada con rango de provincia. Eso precisamente es lo que se buscaría poner en discusión otra vez, según la jugada más amplia que se adjudica a Zannini.