No afectar el poder adquisitivo de los salarios con tarifas
«El incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación económica y no afectar el poder adquisitivo de los salarios».
Así lo sostuvo la interventora del ENRE, Soledad Manín, al abrir la audiencia pública en la que se debatió una tarifa de transición al 2023.
Para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana Edenor y Edesur.
La funcionaria destacó que «es interesante poder tener esta instancia de participación ciudadana”.
“Es uno de elementos que el Estado tiene para tomar una decisión”.
“Escuchando a todos los actores sociales que tengan una voz para hacer su aporte y que eso sea previo a la toma de decisión».
La interventora explicó que «la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales”.
“Garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento”.
“Y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes».
Las propuestas de Edenor y Edesur
Por su parte, el presidente de Edenor, Ricardo Torres, propuso aumentos que representan en la factura al consumidor un 31% en promedio.
Y un 28% en el caso de los residenciales.
“Las tarifas deberían aumentarse un 28% a los clientes residenciales, y un 31% promedio para todos los clientes de Edenor», indicó Torres.
Esto, «si el Estado definiera que la totalidad del déficit previsto por Edenor se incluya en la factura de los clientes, sin aplicar mayores subsidios”.
Precisó que con ese incremento «un millón de clientes pagarían en promedio $ 800, y otro millón, $ 1.600».
Y agregó que «solamente el 18% de nuestros clientes residenciales pagaría más de $ 2.100».
En la misma línea, el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, propuso aumentos del 34% en la factura para los clientes residenciales.
Y del 45% para el resto de las categorías.
Blanco explicó que «una primera propuesta consta de un aporte de los usuarios con un nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de abril”.
“Y que necesita una actualización en agosto, según la inflación».
En ese sentido, precisó que «la aplicación de este cuadro tarifario significaría un aumento del 34% para los usuarios residenciales y del 45% para el resto».
Además puntualizó que «la segunda propuesta consiste en un subsidio aportado por el Estado nacional por $34.260 millones”.
“Que contempla una variación de inflación prevista en el presupuesto».
Sin embargo, Manín advirtió que “el incremento en las facturas tiene que acompañar una recuperación en la economía”.
“Y no afectar el poder adquisitivo de los salarios».
