Monotributo: demoras en la actualización

El texto que contempla elevar un 35,3% las facturaciones topes del sistema no fue tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso; qué efectos tiene el congelamiento

Pasados dos meses desde el inicio de 2021, la tabla del monotributo sigue este año sin actualización de sus montos. Los valores de las facturaciones máximas, tanto de las que rigen para entrar y permanecer en el sistema como de las que determinan en qué categoría ubicarse, son por ahora los mismos que en 2020.

Esto es así porque, pese a que transcurrió ya el período de sesiones extraordinarias, el Congreso no consideró un proyecto referido al tema, que había sido incluido en el temario especial para ese lapso. Entre otros puntos, esa iniciativa propone que los números que rigen el esquema del monotributo se eleven este año (como hecho excepcional) en un porcentaje igual al de la suba que tuvo en 2020 el haber previsional mínimo, es decir, un 35,3%.

Dejar el esquema sin reajuste hace más probable que algunos contribuyentes deban salir del sistema simplificado para ir al más oneroso y burocrático régimen general. Los topes de facturación para ser monotributista son de $1.739.493,79 (servicios) y de $2.609.240,69 (comercio). Si se aprobara la ley pasarían a $2.353.535,10 y a $3.530.302,65.

Disposiciones especiales

La iniciativa también contempla disposiciones especiales para quienes se excedieron en los últimos tiempos de los montos permitidos y para quienes se excedan en el futuro. Se trata, principalmente, de medidas que tienden a aliviar el costo de pasar al régimen impositivo general.

El congelamiento de las cifras tiene su impacto en los montos de la asignación por hijo, que suben desde este mes un 8,07% por la aplicación de la fórmula de movilidad. Hay contribuyentes que, estando en una categoría mayor a la que les correspondería en caso de estar actualizada la tabla, cobran una cifra menor por ese concepto, respecto de la que percibirían con la tabla ajustada.

En su discurso de inauguración de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández hizo ayer una breve referencia al tema. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo envió su proyecto al Congreso a fin de año, después de que se generara incertidumbre respecto de la actualización.

Esa situación de falta de certezas ya se conocía desde principios del año pasado. Ocurre que, por ley, desde 2018 las facturaciones máximas y los aportes mensuales se reajustan en cada enero, en igual porcentaje que la suba obtenida en el año previo por las jubilaciones según el sistema de movilidad. Pero en 2020 la fórmula legal para el aumento de las prestaciones estuvo suspendida y, entonces, hubo recomposiciones por decreto, que se decidieron de forma discrecional y que no fueron iguales para todos.

Desde el Gobierno se entendió entonces que se le debía pedir al Congreso la aprobación de una ley que incluyera una disposición especial para la actualización. El texto se envió el último día de 2020. Y entre el 1° y el 31 de enero rigió el período de recategorización.

Sigue siendo un trámite obligatorio

Este trámite, según se informó entonces desde la AFIP, no dejó de ser obligatorio para quienes debían cambiar de categoría. A diferencia de lo ocurrido en los años previos, la tabla que debía observarse para definir si alguien estaba bien categorizado era la misma de 2020, sin actualizar.

¿Cuáles son los efectos del congelamiento? Suponiendo el caso de alguien que presta servicios y estaba en la categoría D y que, al finalizar 2020 había acumulado una facturación anual de $630.000, si cumplió con la recategorización debió haber pasado a la categoría E (el límite de la D es $626.217,78).

En la E paga un aporte integrado (sin actualizar) de $3872,18 y, si tiene hijos, cobra por cada uno $2709 desde este mes. Si la tabla estuviera actualizada y, en consecuencia, este contribuyente estuviera en la categoría D (que admitiría a quienes tengan ingresos anuales de entre $564.848 y $847.273), entonces abonaría $3988,56 y cobraría por hijo una cifra de $4017.

Otro caso: alguien que facturó en 12 meses $1.100.000 y estaba ya en la categoría G, debería seguir en ese casillero ante el congelamiento de la tabla. Con el reajuste de los números del esquema en un 35,3%, pasaría a estar en la categoría E (dos más abajo). Al estar en la G paga un aporte mensual integrado de $5406 y, eventualmente, percibe por hijo $1637. Con lo previsto en el proyecto, en la E pagaría $5239 (cifra ya con actualización) y cobraría por hijo un monto de $2709.

Fuente: La Nación