Luego de aceptar que la ley de alquileres no funciona, el Gobierno impulsa cambios

Luego de aceptar que la ley de alquileres no funciona, el Gobierno impulsa cambios

El Presidente Alberto Fernández habló de “los problemas en el mercado de renta de vivienda” y pidió avanzar con los cambios que sean necesarios. La oposición viene pidiendo su derogación.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández se refirió, entre otros temas, a “los problemas con el valor de los alquileres”, según enunció.

“A los problemas hay que llamarlos por su nombre. Reconocerlos para poder resolverlos. Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda”, leyó el funcionario en el Congreso.

Con este pedido a los legisladores, Fernández retomó la idea de producir cambios en la actual ley de Alquileres que rige desde julio del 2020 y que trajo perjuicios tanto a los inquilinos como a los propietarios. El bloque de Juntos por el Cambio viene reclamando la derogación de la ley vigente desde junio de 2020.

A los primeros, porque el nuevo indice de ajuste, atado a la inflación, les significó subas demasiado altas en los precios y a los propietarios, porque los supuestos “beneficios” a favor de los inquilinos produjo un retiro de propiedades en oferta, con lo cual, esa escasez también presionó sobre los precios pero no mejoró la rentabilidad en un contexto de precios de venta a la baja.

Indice de Contratos de Locación (ICL)

De acuerdo a cómo se están ajustando los precios actualmente, quienes, por ejemplo, deben actualizar sus contratos en marzo, pagarán un 53% más respecto del mismo mes del año pasado. Este sería el resultado de aplicar el Indice de Contratos de Locación (ICL) contemplado en la ley, que hace un promedio entre el índice de inflación y la actualización promedio de los salarios en blanco según el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores) del Banco Central. También se pide volver a los contratos de dos años, y no de tres como se exige ahora.

Eduardo Di Buccio, Business Development Manager de CBRE Argentina, señala que este cambio en el ajuste de las locaciones «resulta en que los alquileres quedan descalzados: mientras los precios de otros activos suben, los alquileres están congelados hasta el próximo ajuste. Naturalmente, el mercado respondió, en este caso, ajustando por precio. Previendo un congelamiento forzoso, los alquileres aumentaron para compensar futuras pérdidas», explica.

Todos estos desajustes en el mercado explican el nuevo pedido del Presidente al Congreso para que active cambios en la ley de Alquileres. Ya en noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se comprometió a discutir en el Congreso una nueva ley que brindara certezas al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino, al considerar que la norma sancionada en 2020 había «fracasado». En este sentido, por la via del Congreso, la diputada del Frente de Todos Marcela Passo está impulsando un proyecto, entre otros.

Mesa de trabajo

Por otro lado, las negociaciones para gestar los cambios también abrieron su curso por la vía política. Y se cristalizaron en reuniones mantenidas en el ámbito de la secretaría de Comercio entre el secretario del área Roberto Feletti, la Federación de Inquilinos, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la Federación Inmobiliaria (FIRA).

En esa “mesa de trabajo” conformada para abordar la problemática, las inmobiliarias aspiran a concretar dos cambios básicos en la ley: la duración de los contratos que actualmente establece tres años y se pretende es volver a dos años. Y la cláusula de ajuste de los alquileres que se hace anualmente mediante el indicador que elabora el Banco Central (ICL).

Según las inmobiliarias, ese ajuste debería ser semestral y con un índice que priorice la evolución de los salarios. Otro componente que las partes están evaluando es la posibilidad de introducir un impuesto a la vivienda vacía con la idea de aumentar la oferta de inmuebles. Este pedido es motorizado por la asociación de inquilinos.

En particular, en la Ciudad de Buenos Aires, la escasez de inmuebles para alquilar es más evidente. Allí, el 35% de los habitantes alquila, lo que significa que hay alrededor de 1 millón de personas afectadas sólo en esa ciudad, según datos del Instituto de la Vivienda.

La AFIP

También la AFIP sigue de cerca el tema de los alquileres porque según el organismo hay solo 170.000 contratos registrados en el fisco, sobre un universo de más de 2 millones de locaciones para vivienda. Este punto también es de interés de los representantes de los inquilinos porque -según ellos- implica que la ley no se cumple. Las inmobiliarias lo admiten, porque como sucedió históricamente, con tantas regulaciones, muchos propietarios se resisten a registrar formalmente los contratos.

Según un último informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andres, en el último año se observó un aumento del precio mediano de alquiler de casas del 25.6% en CABA, una caída del 38.3% en GBA Norte, y aumentos en GBA Sur y GBA Oeste del 67.3% y 29.1%, respectivamente. En tanto, los precios de alquiler de departamentos registraron aumentos en CABA y GBA Norte, Sur y Oeste del 10.4%, 39.1%, del 32.5% y 4.6%, respectivamente.

Fuente: Clarín