Liberan a Núñez Carmona, el socio de Amado Boudou

«En la cárcel jugamos al fútbol y la pasamos bien». El empresario contó los detalles de su detención y la compañía de otros presos por corrupción K, como Zannini. «Es una experiencia difícil, me cruzaba con algunos y hablábamos siempre. Era un ámbito bien cuidado», dijo.
José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, fue liberado tras ser beneficiado con la excarcelación en un fallo dividido de la Cámara Federal porteña. Este viernes deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para notificarse sobre su nueva situación ante la justicia.
«Estoy contento, no voy a hablar de la causa. Habría que ver el tema de las prisiones preventivas, porque no están bien manejadas, pero no solamente por esta causa», fueron sus primeras palabras ante la prensa. «Fue una experiencia difícil, pero la pasé bien», agregó.
También Núñez Carmona dijo que ve «muy bien» a Amado Boudou y a Carlos Zannini, con quienes jugaba «partidos de fútbol» y hablaba de la «vida».
Pasadas las 22, Núñez Carmona abandonó el Penal de Ezeiza, donde cumplía su prisión preventiva desde el pasado 3 de noviembre, cuando fue detenido en su departamento de Puerto Madero por orden del juez federal federal Ariel Lijo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, donde se los acusó por asociación ilícita y lavado de dinero. E
n primera instancia, el socio y amigo de Boudou fue trasladado a la seccional policial de Madariaga, donde durante al menos una hora debió realizar una serie de trámites vinculados a su excarcelación. Después, su abogado Matías Molinero será quien lo llevará hasta su departamento en Puerto Madero.
Este viernes, como parte de la decisión de la Sala de feria, Núñez Carmona deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para firmar un acta y comparecer como parte de la caución juratoria que fijaron los jueces Eduardo Farah y Rodolfo Pocillio Argerich.
Por su lado, Boudou seguirá detenido en Ezeiza. Si bien también logró la excarcelación en esta causa, después del voto mayoritario de la Sala de feria de la Cámara Federal porteña, aún debe resolverse su prisión preventiva en la investigación donde se lo procesó por peculado al rendir tres viáticos con facturas apócrifas, durante un viaje a París cuando era ministro de Economía.
En este expediente, la sala de feria la Cámara Federal porteña se encuentra en condiciones de resolver este viernes la situación del ex vicepresidente. Su abogado, Eduardo Durañona, presentó el memorial ampliando los argumentos sobre el pedido de que se revoque la prisión preventiva.
En la causa hay dos personas más procesadas que habían pedido prórroga para la audiencia en al Cámara, pero a través de un escrito renunciaron a los plazos. Esto habilita a que la sala de feria pueda resolver este viernes si efectivamente, Boudou recupera su libertad.
Motivos de la excarcelación
La Sala de Feria constituida por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, requirió de la intervención de un tercer magistrado de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pocillio Argerich para desempatar.
Farah y el tercer juez interviniente, consideraron que la causa «transcurrió a un ritmo carente de dinamismo» y que tampoco se vio acompañada de una correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara». También responsabilizaron por esto al fiscal de la causa, Jorge Di Lello, «la prueba con la que se detuvo a Boudou constaba en la causa hace cinco años «, indicó Pociello Argerich.
El voto a favor de la excarcelación, se sustentó igual en la falta de resolución de la situación procesal de los acusados durante dos meses, tras la detención. «El Juez (Lijo) no ha definido las situaciones procesales» pese a que el Código Penal, fija un plazo, ordenatorio, no perentorio, de 10 días para hacerlo». Farah planteó ante el retraso de una decisión, que Lijo «o no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado o la urgencia entonces alegada no era tal».
En un análisis más amplio sobre la detención, se indicó que en nombre del compromiso que el Estado tiene para castigar los hechos de corrupción, «no suple de ninguna manera la exigencia de contar con los elementos que acrediten el hecho ilícito y la responsabilidad de quienes por ello son acusados», algo que sigue siendo una «obligación ineludible a fin de evitar que se abra paso a la arbitrariedad» .
FUENTE: Clarín