Las críticas de Cristina Kirchner a la Justicia generan más ruido político que efecto judicial

Las críticas de Cristina Kirchner a la Justicia generan más ruido político que efecto judicial

El furioso discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer en una audiencia ante Casación, que debe decidir si cierra la causa conocida como “dólar futuro”, le dio un nuevo impulso a la renovada ofensiva del oficialismo contra el Poder Judicial. La declaración ante la Justicia fue mucho más un pronunciamiento político que una efectiva defensa jurídica y, como tal, despierta interrogantes políticos: fuera de las declamaciones públicas, el gobierno avanza poco en su agenda judicial, un plan afectado por marchas y contramarchas.

“Estamos en un momento institucional muy grave de la República Argentina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación con la ventaja de ser perpetuos en el poder. Va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. No hay posibilidades de una vida democrática sana con funcionarios que parece que constituyen una aristocracia”, sostuvo ayer Fernández de Kirchner.

Mientras el gobierno continúa acumulando declaraciones y promesas sobre cambios en la Justicia, en el Congreso siguen frenados y sin noticias de reactivación los proyectos de Reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

El Ejecutivo encuentra, al inicio del año electoral, dificultades no solo para conseguir los votos para aprobar iniciativas sin consenso claro, sino también para negociar los números para tener quórum (129), que el oficialismo no alcanza con sus 118 diputados. Ya el lavagnismo y el peronismo federal advirtieron que no acompañarán y tampoco hay gran predisposición de bloques provinciales para exponerse innecesariamente.

El Ejecutivo ya le bajó el tono a la comisión bicameral del Congreso para investigar jueces que anunció el senador Oscar Parrilli un día después del discurso de Alberto Fernández . La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aclaró que no podrá tomar medidas disciplinarias ni remover magistrados. El proyecto, como tal, no existe aún. Fernández le pidió recién al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que defina las atribuciones que podría tener la eventual comisión.

Las muestras de furia pública de la vicepresidenta contra el Poder Judicial exponen también las dificultades del gobierno para avanzar políticamente sobre la Justicia, fuera del terreno discursivo.