Nuevas medidas: Alberto Fernández busca el respaldo del Congreso para evitar pulseadas judiciales y ganar apoyo

Alberto Fernández adelantó su mensaje y dejó en manos de su ministra de Salud, Carla Vizzotti, las precisiones sobre las medidas restrictivas que regirán desde mañana y no por dos sino por tres semanas. La exposición de la funcionaria y los anuncios propios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad completarán el cuadro. Pero el Presidente se encargó de dejar en claro dos puntos: la ratificación de la suspensión de las clases presenciales -reclamada por Axel Kicillof y rechazada por Horacio Rodríguez Larreta- y la decisión de enviar al Congreso un proyecto para que ceda facultades al Ejecutivo frente a la pandemia de coronavirus.

El Presidente exhibió un tono dialoguista y buscó dar la idea de medidas que demandan mayor control pero no mayor extensión, una señal de que la situación económica y social no deja demasiado margen para profundas limitaciones. Y quedó claro que el mayor conflicto sigue planteado en torno de la educación, a la espera además del pronunciamiento de la Corte Suprema.

Eso explica el anuncio sobre el envío de un proyecto al Congreso. No se conocen detalles y no está claro sería una ampliación de la emergencia sanitaria. En cualquier caso, podría generar debate la intención de solicitar que el Poder Legislativo ceda facultades en etapa de sesiones ordinarias y con las Cámaras funcionando, aun con protocolos.

Con la última presentación de la Ciudad de Buenos Aires y el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema quedó en condiciones de pronunciarse sobre la validez del DNU que concluye hoy, en cuanto a las clases y la autonomía porteña.

Horacio Rodríguez Larreta había dado un guiño a la alternativa de mantener la presencialidad -que ya de hecho no es la normalidad– en jardín de infantes y en la primaria, pero colocando al nivel secundario en modo virtual. Algo parecido a lo que desde el Gobierno nacional se impulsaba como “presencialidad administrada”, según la fórmula tomada como propia por el ministro Nicolás Trotta, vuelto a los primeros planos luego del desgaste sufrido con el DNU firmado hace dos semanas.

La Procuración General calificó como inconstitucional el alcance del DNU que concluye hoy, en lo que hace al tema educativo, por no encontrar fundamentos que sostengan la suspensión de la presencialidad por parte del Ejecutivo nacional. Es sabido que ese pronunciamiento no es vinculante para la Corte. Marca, de todos modos, un línea de interpretación sobre las atribuciones y la jerarquía institucional de la Capital.

El Presidente escuchó esta semana a los gobernadores, entre otras razones para recomponer una relación que venía algo dañada políticamente. Fueron videoconferencias en dos tandas. Hubo criterio de acompañamiento a las nuevas restricciones sociales, aunque también y sin roce alguno, señalamientos de la necesaria adecuación a la realidad de cada provincia.

Las medidas que anuncie Alberto Fernández se dan en un marco dominado por un problema mayor: la deficiente provisión de vacunas. Las conversaciones con Pfizer y AstraZeneca y los contactos con Estados Unidos expresan la gravedad del cuadro.