La situación de las PyMes cada vez más dificil

Hoy inicia un nuevo tramo de la cuarentena, cuya extensión será hasta el 17 de julio e implica un endurecimiento en las medidas de aislamiento social en la zona del AMBA (ciudad de Buenos Aires y el conurbano), con lo cual se da marcha atrás con la flexibilización gradual que se estuvo llevando a cabo durante las últimas semanas.

En tanto, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que ya vienen bastante afectadas por los más de cien días de cuarentena en el país, prevén que su situación se agravará mucho más durante esta nueva fase del confinamiento, el cual ha llevado a muchos negocios a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Otro ingrediente que entraría a jugar en este asunto para deteriorar aún más la situación de las pymes son los posibles conflictos laborales que se puedan desatar a partir de este escenario. Según el Observatorio de la Fundación Pyme (FOP), el 31% de las empresas con hasta 800 trabajadores (aproximadamente, 170.000 empresas) enfrentan un riesgo potencial de futuros conflictos laborales.

“Será necesario que el Estado, las organizaciones empresariales y los sindicatos trabajen conjuntamente para establecer una regla que equilibre todos los intereses en juego para evitar más cierres de empresas”, afirmó ayer la FOP en un informe. “Existe una estrecha relación entre el riesgo de conflicto laboral por el cambio de las condiciones de trabajo y el riesgo de cierre de las empresas”, agregó.

La entidad señala que al analizar conjuntamente el riesgo de cierre de empresas y el riesgo de conflicto laboral se puede concluir que el impacto de la crisis se manifiesta con mayor peso en los estratos empresariales más débiles del sector urbano. En ese sentido, indica que el riesgo de cierre de las empresas que operan en los sectores típicos de las ciudades, como el comercio, es del 10%, mientras que en el sector agropecuario y de recursos naturales es de sólo 4%.

De acuerdo con el informe, en el caso de las microempresas (menos de 10 trabajadores) el riesgo de cierre es del 12%, mientras que en las empresas medianas (entre 51 y 250 empleados) es del 3%, siendo estas las menos riesgosas. Asimismo, sostiene que mirando hacia el futuro del sector empresarial constituido por empresas con hasta 800 trabajadores, se prevé que las empresas de hasta 50 empleados son el segmento empresarial más amenazado.

Por sectores, las proyecciones de la entidad es que el sector con mejores perspectivas es el agropecuario y los relacionados con los recursos naturales. Por regiones del país, estima que la región centro es el territorio con mayor proporción de empresas sostenibles, mientras que la mayor proporción de empresas en riesgo se encuentra en la región del noroeste, seguida por el noreste y el sur.

En el caso del AMBA, el análisis de la Fundación indica que el 8% de las empresas corre riesgo de no sobrevivir y que el 38% tiene riesgo de entrar en conflicto laboral. Luego de las empresas de comercio, las cuales figuran como las de mayores riesgos tanto de cierres como de conflictos laborales, le siguen las empresas de construcción.

En tercer lugar se ubican las de industria manufacturera. En base a lo anterior, la FOP afirma que las “heterogeneidades entre distintos tamaños de empresas se están acentuando” y que “la economía argentina tiende a reprimarizarse, con el consiguiente impacto en el empleo”. Además, mirando hacia adelante, prevé que los desequilibrios territoriales persistirán y advierte que incluso es posible que se agraven.

Según la entidad, en base a las números recolectados en su relevamiento, para la sobrevivencia de las empresas pospandemia será necesario “un acuerdo económico-social amplio y de gran consenso político, porque las secuencias de esta crisis se irán manifestando no sólo a través de una caída de la producción, sino también a través de la pérdida de capacidades organizativas y técnicas cuyos efectos se irán presentando con el transcurso del tiempo”.

“Hoy más que nunca se precisa de una política macroeconómica integrada con políticas de desarrollo productivo, que garanticen empleo e ingresos, en el marco de una “nueva normalidad” que traza cambios estructurales”, afirmó la entidad.

Fuente: El Economista