La pulseada en la Magistratura, otro foco de tensión judicial
El oficialismo presiona en el Consejo de la Magistratura con una iniciativa para revisar los traslados de jueces realizados en el gobierno anterior, algo que podría desmantelar juzgados que investigan causas de corrupción en la gestión kichnerista. La jugada potencia el clima que rodea el anuncio que Alberto Fernández hizo el fin de semana sobre el envío al Congreso de la reforma judicial, en los próximos días. Y también la creación de un Consejo que analizará, entre otros temas, una modificación del funcionamiento y composición de la Corte Suprema.
El tema en la Magistratura podría debatirse en la reunión de este jueves. La semana pasada, el consejero del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, pidió a la titular de la comisión de Selección y de la Escuela Judicial, Graciela Camaño, que habilite el tratamiento de la iniciativa para revisar casi 40 designaciones de jueces. Argumentó que hubo irregularidades en sus traslados durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno quiere que el Senado, donde le gobierno tiene mayoría, defina sus pliegos.
El organismo que debe resolver el tema está dividido por mitades entre oficialistas y opositores. La oposición de Juntos por el Cambio ya anticipó que votará en contra. En caso de empate, la lavagnista Camaño tendría que definir. Hoy, aunque no adelantó su voto, advirtió que “la Justicia no puede estar hecha a medida del gobierno de turno”.
Una primera discusión será si la votación debe resolverse por mayoría simple o por dos tercios de los consejeros. Camaño se inclinaría por esta última interpretación.
En el listado de jueces que busca revisar el oficialismo aparecen: los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner por sobornos en la obra pública en la causa Cuadernos; Germán Castelli, del TOF 7, que tiene que juzgar a la vice en el juicio oral por los Cuadernos, y Fernando Machado Pelloni del TOF 3, a cargo del juicio por el fraude al Estado de Oil Combustibles por más de $8.000 millones, que involucra a Cristóbal López.
Hoy el presidente del Consejo, Alberto Lugones -cercano al oficialismo- defendió la iniciativa de Ustarroz. “El proyecto de Ustarroz es de plantear la posibilidad de que aquellos que no cumplieron lo que establecen el reglamento, deban cumplirlo y esto no implica que el Senado les vaya a decir que no”, afirmó.
