La Justicia de EE.UU. rechazó el reclamo del fondo Aurelius

Para la jueza el fondo buitre no pudo probar la “mala fe”. Están en juego causas potenciales por u$s3.000 millones contra el país. Preska atendió explicaciones presentadas en tiempos de Macri.


Buena noticia para Argentina en los tribunales de Nueva York . Loretta Preska desestimó la primera demanda del fondo buitre Aurelius contra el país, por el supuesto manejo de la medición del PBI en 2013 y el consecuente no pago de los dividendos del título público. Según dispuso la titular del juzgado del Segundo Distrito Sur, y que heredó el sillón de Thomas Griessa, la presentación de las pruebas de Aurelius contra el país no fueron avaladas como profundas; y, en consecuencia, desestimadas por la magistrada como fundamentos para continuar con el juicio.

Preska igualmente le dio una vida más al principal demandante, y lo autorizó a hacer una nueva presentación futura para evaluar si efectivamente puede demostrar que hubo dolo en la supuesta manipulación en 2013 de los datos del PBI por parte de la Argentina. La nueva presentación será el 8 de febrero, y será la última oportunidad para el demandante para continuar con el caso.

Los argumentos que utilizó la jueza para rechazar el planteo de Aurelius, se basaron en el escrito que en octubre del año pasado presentó la Procuración del Tesoro manejada en esos tiempos por el abogado salteño Bernardo Saravia Frías. En ese entonces, y con un electoralmente negativo el gobierno de Mauricio Macri, el titular del organismo que se encarga de defender al país en los tribunales internacionales; justificó los movimientos en la medición del PBI del 2013, mientras manejaba el Ministerio de Economía Axel Kicillof; justificando la decisión de ese momento en la facultad de todo Estado de manejar sus estadísticas con libertad.
Si finalmente Aurelius no presenta más pruebas, la causa debería caerse y Argentina evitaría pagar hasta u$s3.000 millones de dólares a los tenedores del bono, que en 2013 no recibieron el pago del Cupón PBI; un título emitido por el país durante los canjes de deuda del 2006. Dentro del juicio, además de Aurelius, hay otros tres fondos que se sumaron a la presentación original, acreditando tenencias por unos u$s100 millones más, con lo que la demanda sumaba ya unos u$s800 millones. En todos los casos lo que se reclamaba la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013, siguiendo la de Aurelius y su firma cautiva uruguaya Novoriver; Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation. Todos aseguraban tener pruebas que el entonces ministerio manejado por Kicillof, y el INDEC cooptado por Guillermo Moreno intervinieron en la medición del PBI para no pagar los intereses del cupón que vencía ese año, y que le habría demandado al país la erogación de unos u$s3.000 millones.

De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor que el 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

Si este fallo se mantie, Argentina se evitaría una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal. Esto hubiera sucedido si para la jueza de primera instancia se hubiera confirmado que durante la gestión de Kicillof en Economía, en la última parte del gobierno de Cristina de Kirchner y la intervención del INDEC de Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según la presentación de Aurelius, el Gobierno de entonces había alterado la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La defensa argentina presentada el 3 de julio pasado, argumenta contra la demanda de Aurelius con una explicación; defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la Procuración del Tesoro aseguraron ante la Justicia norteamericana que el gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Ahora deberá ser la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini la que elabore una nueva estrategia, o refuerce la que armó en su momento el gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Ámbito