La Corte se pronunció sobre el DNU y respaldó la autonomía porteña, en medio de un clima complejo para el Presidente

La Corte Suprema finalmente se pronunció sobre el reclamo porteño frente al penúltimo Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández, respaldando de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y las clases presenciales. La decisión nace finalmente con valor jurídico como antecedente, porque ya rige un nuevo DNU con esas y otras restricciones frente al coronavirus, pero además generará impacto político por partida doble: se proyecta sobre la relación entre el Presidente y el dirigente de Juntos por el Cambio mejor posicionado en la amplia mayoría de las encuestas, y lo hace en un cuadro complicado por la fuerte disputa en el interior del oficialismo.

La sentencia de la Corte Suprema fue unánime en cuanto a la decisión de hacer lugar a la demanda reconociendo que la decisión del gobierno nacional de suspender las clases violó la autonomía de la CABA. La sentencia se compone de un voto de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, otro de Carlos Rosenkrantz y otro de Ricardo Lorenzetti. Elena Highton se abstuvo de votar porque consideró de entrada que la presentación porteña no era competencia de la Corte Suprema. 

Según los magristrados, «se violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires». En la parte resolutiva del voto de Maqueda-Rosatti, al que adhieren los demás, se reconoce que ya venció el plazo de vigencia del DNU. Es decir, la Corte dicta sentencia fuera de tiempo. Por eso no se declara la inconstitucionalidad del decreto, ya que venció el plazo. El fallo plantea indicaciones hacia el futuro. La CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.606 y la resolución 387/21 del consejo federal de educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales. El Estado Nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las Provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente.

El planteo ante la Corte fue hecho por la administración de Rodríguez Larreta apenas iniciada la pulseada por la presencialidad en las aulas, cuestión que además produjo resoluciones en otros niveles judiciales. De hecho, había quedado en discusión la constitucionalidad del decreto y la jerarquía institucional de la Capital, que ya ha sido ratificada en igual lugar que las provincias.

La semana pasada había concluido con el pronunciamiento del titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal, que sí consideró inconstitucional el DNU.

El momento político es complicado por diferentes razones a las de hace apenas un par de semanas, cuando emergió abiertamente la disputa entre el Gobierno nacional y Rodríguez Larreta, que se opuso a la suspensión de las clases presenciales y ahora sólo limitó parcialmente la actividad en la escuela secundaria.

El centro de la política se corrió desde el viernes a la interna del oficialismo. Sigue abierto el capítulo sobre la situación del subsecretario de Energía, Federico Basualdo. El ministro Martín Guzmán lo dio por despedido, a raíz de las fuertes diferencias sobre el tema tarifario. Y voceros vinculados a Santiago Cafiero, también. Pero la salida fue rechazada y frenada por Cristina Fernández de Kirchner.

Esa movida pone en discusión la centralidad del poder. El Gobierno prefirió bajarle el tono a la disputa, con la idea de esperar un mejor clima para reacomodar a Basualdo. Y por eso mismo tuvieron mayor impacto las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, que salió a respaldar al funcionario. Eso contribuye a exponer que la pelea dentro del oficialismo no está saldada.