Impuesto o expropiación

Jorge Ferraresi, de licencia como intendente de ese municipio, apoyó la ordenanza que permite expropiar terrenos no edificados en un plazo de ocho años si no pagan el impuesto por no construir.

Aclaración polémica. Para Ferraresi, no avanza contra los privados.

Con 16 votos a favor, 6 en contra y el aval del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi se aprobó en Avellaneda una controvertida ordenanza que establece que los propietarios de terrenos de ese distrito deberán construir en ellos sí o sí en un plazo de ocho años o el lote podrá ser expropiado.

En ese tiempo, además, tendrán un fuerte aumento de impuestos. Ferraresi, que se sumó al gabinete de Alberto Fernández al dejar la intendencia de ese distrito, dio el impulso de la norma. Se refirió al tema este martes en una conferencia de prensa en la que presentaba el llamado Plan Nacional de Suelo Urbano.

Allí dijo que “hay una ordenanza en Mar del Plata, que es igual a la de Avellaneda, y en esos casos se pueden expropiar tierras ociosas”. Y lo hizo luego de insistido en negar que hubiesen expropiaciones de tierras por parte del

Gobierno para llevar adelante el programa que anunciaba.

Ferraresi morigeró los efectos de la medida al sostener que “no tiene nada que ver con los privados” porque con el plan “tienen condiciones para que les vaya muy bien”.

Sin embargo, el texto de la nueva normativa generó ayer una serie de cruces entre el oficialismo y la oposición en Avellaneda. Desde el PRO acusaron directamente al municipio de “atropellar la Constitución Nacional” en un comunicado difundido por redes sociales.

En concreto, la ordenanza establece la creación del “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada”, donde figurarán todos los lotes y su estado catastral actual. El criterio para seleccionar los terrenos se basa en el artículo 84 del Decreto Ley 8912/77 y el registro será publicado en el Boletín Oficial Municipal.

Ese registro será “actualizado y publicado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, previa realización de un relevamiento por parte de sus áreas pertinentes”, establece el texto.

Ya con sólo figurar en el registro tendrán un incremento del 50% en los impuestos.

Si en los siguientes tres años los propietarios no inician o reanudan obras paralizadas, tendrán que pagar otro monto extra que irá aumentando con el correr de los años. En caso de comenzar a construir, deberán presentar el proyecto a la Dirección de Obras particulares.

“Se aplicará un gravamen especial sobre el inmueble consiste en un incremento progresivo de la tasa de servicios generales por cinco años del 50% sobre la tasa vigente en la ordenanza impositiva, respecto del valor que el contribuyente hubiera abonado el periodo fiscal anterior”, establecen.

A los ocho años, el terreno podrá ser declarado de interés público y expropiado; pago mediante de una indemnización y quedando así ya sin poder sobre el terreno.

El marco para la aprobación de esta ordenanza se dio hace una semana; durante un acto en el que estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández

“Que los particulares entiendan, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy; y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos”, dijo entonces el Presidente.

En sintonía, el Concejo Deliberante aprobó pocos días después la ordenanza. Desde la oposición señalan que fue sin debate previo en comisiones y que se enteraron del proyecto poco antes de iniciar la sesión.

Maximiliano Galluci, concejal de Juntos por el Cambio Avellaneda, planteó: “No vamos a permitir que se atropellen los derechos de los vecinos”. En su cuenta de Twitter compartió el comunicado en el que sostienen que esta ordenanza “viola la Constitución Nacional; vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades y atenta contra la propiedad privada”.

Fuente: Clarín