Impuesto a las grandes fortunas: el oficialismo apunta a dividir la oposición

En Juntos por el Cambio admiten el dilema de abogar por los grandes patrimonios en medio de la crisis; descuentan el apoyo de gobernadores

El oficialismo apuesta a dividir a la oposición para aprobar el proyecto que propone gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, dará a conocer en los próximos 15 días. El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, tendrá prioridad en el temario del Congreso no bien se habiliten las sesiones de emergencia, ya sea bajo la modalidad virtual o presencial.

En el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, admiten que el proyecto del oficialismo los colocará en un dilema. ¿Cómo rechazar una iniciativa que propone que el sector más rico de la sociedad realice por única vez un aporte extraordinario (y millonario) para paliar los efectos de una crisis económica y sanitaria sin precedente en la Argentina y en el mundo?

Desde el oficialismo atizan las contradicciones en Juntos por el Cambio, sacan a relucir las encuestas propias que afirman que más del 70% de la sociedad apoya la iniciativa y desafían: los legisladores que voten en contra de gravar a los más ricos en medio de esta pandemia van a quedar expuestos al repudio de su electorado.

En Juntos por el Cambio califican la propuesta de populista y demagógica, pero saben que el oficialismo los condujo, desde lo discursivo, a un brete. “Si no apoyamos el proyecto, van a decir que protegemos a los ricos, a Perez Companc, a (Paolo) Rocca, a Nicki Caputo, a Mauricio Macri”, admiten. Por esa razón no quieren anticipar una posición antes de leer la letra chica del proyecto.

En rigor, de la iniciativa solo se conocen hasta ahora unos pocos trazos gruesos: según adelantó el diputado Heller, el nuevo impuesto se aplicará solo sobre personas humanas (por ahora, no afectará a las empresas) con patrimonios superiores a los tres millones de dólares. Esto comprendería un universo aproximado de 12.000 contribuyentes, el 1,1% de los aportantes al impuesto a los bienes personales.

Heller destacó que, de aprobarse este nuevo impuesto, la recaudación estimada rondará entre 3000 y 4000 millones de dólares. Un rápido cálculo arrojaría, entonces, que cada contribuyente incluido en el gravamen debería aportar la friolera de 250.000 dólares; en el oficialismo no quieren adelantar cifras, pero aclaran que el impuesto se aplicará con alícuotas progresivas que irán del 2 al 3,5%.

En la oposición predominan las dudas; descreen, en primer lugar, que la recaudación sea tan relevante como exalta el oficialismo y temen que, en definitiva, esos recursos terminen fagocitados por el agujero negro del déficit fiscal. Además, advierten que el nuevo tributo podría pecar de confiscatorio si se considera que el impuesto a los bienes personales, cuya alícuota aumentó con la ley de emergencia impulsada por el Gobierno, grava el mismo patrimonio del nuevo impuesto.

“Filosóficamente nosotros rechazamos cualquier aumento de impuestos, sobre todo a las empresas, en medio de esta crisis –enfatizó, en estricta reserva, un encumbrado diputado de Pro–. Sin embargo, es cierto que enfrentamos un estado de excepción y de emergencia cuyo impacto económico será tremendo. Pero una situación de emergencia no justifica violar principios constitucionales. Hay que buscar un equilibrio”.

En el radicalismo las posiciones están divididas. “Hay gente que se quedará sin trabajo, empresas que quebrarán, sueldos que se van a reducir. ¿Y discutimos si aplicamos o no un impuesto a la riqueza? ¿En qué mundo viven los que se oponen?”, acicateó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En sintonía, el diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Cacace, sostuvo que el debate es razonable siempre que el proyecto solo apunte a las personas físicas, no a las empresas, ya agobiadas por la crisis y la presión tributaria.

La UCR Capital anticipó que apoyaría la medida siempre y cuando no sea pergeñada para perseguir a los empresarios. De todas maneras, allegados al senador Martín Lousteau marcan sus prevenciones. “Si se trata de un manotazo a los sectores más ricos y no se discute, en paralelo, cómo el Estado hace más eficiente su gasto y qué está dispuesto a ceder en esta crisis, el debate no sirve”, advierten.

En el mismo sentido se expresó el diputado Luis Petri. “No se le puede imponer sacrificios a la sociedad si el Estado primeramente no da el ejemplo”, enfatizó. Referentes de la Coalición Cívica coinciden. “Si de esfuerzos hablamos, que sea de todos, sin revanchas ni ataques a un sector determinado. El esfuerzo también lo debemos hacer desde el Estado”, enfatizaron desde esa bancada, autora de un proyecto para que todos los bienes y activos obtenidos por delitos de corrupción sean destinados al combate de la pandemia.

El oficialismo descuenta que tendrá el apoyo de los bloques provinciales, hasta ahora permeables a las iniciativas del Gobierno. “Los gobernadores están desesperados por recursos. ¿Quién se va a atrever a rechazar un proyecto semejante?”, desafiaban.

Fuete: La Nación