Hidrovía: el Gobierno no define la continuidad de la operatoria

En dos meses termina el contrato de concesión. El Gobierno realizaría una licitación en 180 días, pero no definió aún cómo sería el período de transición.

El 30 de abril finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná- Paraguay, la principal vía logística de las exportaciones argentinas, y crece la inquietud entre todos los sectores involucrados –desde los trabajadores hasta los exportadores- porque el Gobierna no define cómo será la continuidad de la operatoria, en el momento clave del año para los embarques de granos y subproductos que mueven el comercio exterior del país.

“Desde el año pasado Economía espera los dólares de la cosecha, pero aún no sabemos cómo vamos a sacar los granos cuando llegue el momento”, se preguntan en la cadena agroindustrial. Por este “puente logístico-comercial” con el mundo, llamado Sistema de Navegación Troncal (SNT, nombre técnico de la hidrovía) circulan más de 70.000 millones de dólares por año, en 6.000 barcos: el 80% de los granos y derivados, el 90% de los containers y el 100% de los autos que comercializa el país por vía acuática.

“Dar previsibilidad sobre este tema es clave, para sostener y mejorar la competitividad de nuestra producción, optimizar la eficiencia del sistema de navegación troncal y garantizar el cuidado del medio ambiente”, señaló Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Las empresas y entidades privadas manifestaron la satisfacción por el anuncio de creación del órgano de control sobre las obras de la hidrovía. “Tenemos el proyecto escrito del modelo de órgano de control, saldando una deuda histórica, y la pondremos en marcha inmediatamente”, dijo el ministro de Transporte,

Mario Meoni, al encabezar el lunes último la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía.

Urge que el Gobierno defina la transición hasta la nueva licitación, sobre el servicio de mantenimiento para asegurar la navegabilidad. Meoni lo sabe y aseguró que están “trabajando con intensidad para garantizar la navegación en el río Paraná durante todo el proceso de adjudicación hasta que esté el nuevo adjudicatario funcionando”. Aspiran a presentar los pliegos antes de fines de abril y luego efectivizar la licitación en 1

Jan de Nul

La concesión de la vía navegable lleva 25 años en manos de Hidrovía SA, un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina

Emepa SA. Jan de Nul es una de las empresas más experimentadas del mundo en cuestiones de dragado, y se le reconoce el trabajo que realizó el año pasado ante el desafío de la mayor bajante del Paraná en 50 años.

En 25 años, el concesionario actual ha dragado un volumen total de sedimentos de unos 700 millones de metros cúbicos, volumen que ubica a la obra de dragado en segundo término en el mundo después de las de Dubai. Esa experiencia le da ventajas a la firma belga, porque a otras empresas de dragado le llevaría varios meses relevar las condiciones del río para garantizar una buena operatoria. La parte de Hidrovía SA que no tendría chances de continuar es Emepa, porque es propiedad del empresario Gabriel Romero, quien en 2018 declaró en la Justicia como arrepentido en la causa de los cuadernos y es por eso un “enemigo público” de Cristina Kirchner.

Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, el 28 de agosto de 2020, a la vera del río Paraná, cerca de Rosario, junto a siete gobernadores, pasaron varios meses con señales cruzadas respecto del grado de intervención estatal.

Del anuncio de creación de una empresa pública con participación de las provincias, en noviembre se pasó a una visión más centralista y privada: un decreto presidencial reestableció margen de maniobra al ministerio de Transporte para que avance en un proceso de licitación similar al vigente: con financiación privada de las obras –a través de peajes cobrados por el concesionario- y sin subsidios estatales, “a riesgo empresario y sin aval del Estado”.

Resurgió la presión de grupos kirchneristas

Con todo, el Consejo Federal anunciado en agosto fue creado en diciembre. Y resurgió la presión de grupos kirchneristas, que ya tendrían aval oficial, para impulsar el llamado Canal Magdalena, una alternativa para entrar al SNT sin pasar por Montevideo. El proyecto de la Hidrovía y el del Canal Magdalena no son estrictamente complementarios, pero en Frente de Todos aspiran a que convivan.

Por lo pronto, se firmaron convenios con universidades nacionales para que asesoren en las obras (Universidad del Litoral), en la evaluación económica y financiera de la tarifa (U. de San Martín) y sobre el impacto ambiental (Univ. de Rosario).

La referida importancia geopolítica de la hidrovía se expresa en el interés internacional que despierta en empresas de diversos países. Desde Bélgica, además de la actual concesionaria a cargo del dragado, Jan de Nul, mostró interés la firma Dredging International. Y desde Holanda, se pusieron en carrera para la nueva licitación otras dos empresas del sector:

Desde el anuncio del Consejo Federal de la Hidrovía hubo idas y vueltas con el proceso.

Boskalis (que brinda servicios con dragas en la zona de la Isla Martín García) y Van Oord. Además, la empresa China Communications Construction Company (CCCC), se presentaría a la licitación a través de su filial Shangai Dredging Company.

Frente a la inquietud de todos sobre el inminente fin de la concesión, desde el Gobierno aseguran que va a estar garantizada la transición, pero no definen cómo. Entre las muchas cuestiones en duda, están los empleos de quienes trabajan en esa actividad. Por eso, los 800 afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento realizaron un paro el viernes último en reclamo de garantías para la continuidad laboral ante el fin de la concesión de la hidrovía.

Se descuenta que no se llegará al 1° de mayo con una nueva concesión. Y los trabajadores buscan asegurarse que se sostenga la operatoria actual. Creen que lo más probable es que se prorrogue la modalidad vigente, al menos en sus aspectos operativos y en relación a la continuidad de los servicios y los empleos.

Fuente: Clarin