Fiscalización de precios con municipios y provincias

El Gobierno convocó a la fiscalización de precios a intendentes y gobernadores con todos los municipios y las provincias.

Se trata de la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 1050/2021.

Es la que estableció que los precios para 1.432 productos de consumo masivo se retrotraigan al 1 de octubre último.

Y asimismo permanezcan así hasta el 7 de enero de 2022.

Lo hizo a través del decreto 745/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Que precisó que para el cumplimiento de los controles las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en la Ley de Abastecimiento.

Mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

El artículo 10 de la Ley 20.680 establece como procedimiento el labrado de un acta de infracción.

Como así también la admisión de pruebas y la resolución del hecho.

Allanamientos y clausuras

En tanto que el artículo 12 señala que los funcionarios podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.

También allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción.

Y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento.

Cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.

También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles.

Asimismo, intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario.

Y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción.

Del mismo modo, los intendentes están habilitados para intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías.

Que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta.

Además, podrán citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.

Así, el Gobierno armó una red de fiscalización de precios con municipios y provincias.