Fiesta de Olivos: el cambio de juzgado preocupa al Gobierno y reaviva el escándalo a 10 días de las elecciones

En una decisión que generó sorpresa y complica los planes del Gobierno para dejar atrás, antes de las elecciones, el escándalo por la fiesta de Olivos en plena cuarentena estricta, el juez federal Sebastián Casanello se desprendió de la causa que investiga al presidente Alberto Fernández por la violación al decreto que imponía aislamiento por la pandemia del coronavirus.

El juez ordenó que el caso -que involucra a Fabiola Yañez y nueve invitados al cumpleaños- pase al juzgado federal de San Isidro “que por turno corresponda”. Se trataría de juzgado federal N°2, a cargo de Lino Mirabelli. No obstante, la causa podría terminar en el juzgado N°1, de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado -exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman-, que ya tiene una denuncia paralela por los mismos hechos.

Casanello resolvió el tema cuando le llegó el turno para definir el pedido de inconstitucionalidad hecho por Estefanía Domínguez, una de las amigas y visitas al cumpleaños de la primera dama, sobre el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández que prohibía entonces ese tipo de encuentros.

En la investigación están imputados el presidente Alberto Fernández y la primera dama, entre otros, por el festejo del cumpleaños de ella en Olivos. «El denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión: la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores y las fechas«, explicó Casanello.

«En igual sentido, los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar», argumentó el juez al declararse incompetente.

Sea Arroyo Salgado quien quede con la causa u otro magistrado, tiene para resolver dos planteos: uno, el de inconstitucionalidad de la norma hecho por Domínguez, y otro, el del presidente de la Nación, imputado en el caso.

El Presidente pidió su sobreseimiento por considerar que no hubo delito ya que el encuentro no generó contagios a propios ni terceros, y además propuso una reparación económica que consistiría en donar por cuatro meses la mitad de su salario al Hospital Malbrán, con el fin de clausurar la investigación.

El cambio de jurisdicción y juzgado, y la posibilidad de que la investigación quede a cargo de una jueza que el Ejecutivo ve con malos ojos, repone un tema que el Gobierno hubiera preferido ver superado antes de las PASO del 12 de septiembre, o al menos dormido por un tiempo.