En dos meses el Gobierno amplió el gasto público en casi 5 puntos del PBI

En apenas dos meses, el Gobierno aumentó el gasto público en $1324 millones -el 4,9% del PBI- para atender el impacto de la pandemia de coronavirus en el país. Esta suba, que se instrumentó por medio de una decena de decretos de necesidad y urgencia (DNU), incluye no solo el incremento de las partidas de salud y gasto social, sino también las facilidades financieras (créditos) que instrumentó la Casa Rosada para auxiliar a los sectores más afectados por la crisis.

En su último informe, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makón, detalló que hasta el 18 de este mes el Gobierno aumentó el gasto presupuestario en $752.374 millones, monto que repartió en distintos rubros: gasto social, salud, educación, seguridad, ciencia, y transferencias a las provincias.

En materia de facilidades financieras, en tanto, el Gobierno destinó otros $571.774 millones, cifra que incluye los créditos a tasa cero destinados a monotributistas y autónomos y las líneas crediticias a tasas preferenciales dispuestas por el Banco Central, el Banco Nación y el BICE a empresas afectadas por la parálisis económica.

Para afrontar la crisis que generó pandemia, el Gobierno no solo subió el gasto. También redujo ingresos. En efecto, en estos dos últimos meses adoptó una serie de medidas para aliviar la carga impositiva de las empresas, como por ejemplo la reducción de la alícuota y la postergación del pago de las cargas patronales de su personal. Según el informe de la OPC, en este lapso el Estado disminuyó sus recursos por un total de $80.483 millones, el 0,3% del PBI.

Entre los principales aumentos del gasto que menciona el informe de la OPC se destacan:

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 destinado a monotributistas categorías A y B, trabajadores, beneficiarios de la AUH y personal doméstico: $89.630 millones. Esta cifra se aplica también para el mes de mayo.

Tarjetas alimentarias, atención a comedores escolares y compra de alimentos: $42.788 millones.

Transferencias a las provincias: $120.000 millones.

El salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado de entre uno y dos salarios mínimos: $85.000 millones.

PAMI: $10.000 millones

Equipos sanitarios y de laboratorio, productos farmacéuticos y medicinales: $15.840 millones

Bono de $5000 al personal de la salud abocado a la pandemia: $12.066 millones.

Aumento en el presupuesto para inversión en obra pública: $85.926 millones.

Créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos: $220.774 millones. Líneas crediticias a tasas preferenciales para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía: $350.000 millones.

Superpoderes

Buena parte de esta suba del gasto fue dispuesta por una decena de decretos que, en su mayoría, cuentan con el aval de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso. La oposición rechazó el más polémico de ellos, el 457/2020: este DNU no solo dispone el mayor aumento del gasto desde que empezó la pandemia ($575.000 millones), sino que además suspende el tope del 5% que establece la ley de administración financiera para la reasignación de las partidas presupuestarias.

Al rechazar el decreto, la oposición argumentó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tendrá vía libre para reestructurar el presupuesto sin ningún límite, esto es, contará con «superpoderes» para destinar gastos de capital a gastos corrientes o bien para alterar la finalidad de las partidas aprobadas por el Congreso.

Hasta ahora, Cafiero solo reasignó partidas presupuestarias por el 1% del monto total. La oposición teme que vaya por más y le reclamó al Gobierno la inmediata derogación del decreto.

«Este decreto se aparta de la Constitución nacional y avasalla las facultades del Congreso. Se delega en el jefe de Gabinete, un funcionario que ni siquiera es elegido, la atribución de trastocar el destino de las partidas y el destino de la asignación de los recursos públicos. Nos retrotrae a un pasado que habíamos dejado de lado en 2016», advirtió el diputado radical Gustavo Menna, miembro de la comisión bicameral, cuando solicitó en la última sesión remota de la Cámara baja que se discutiera el polémico decreto.

Su moción fue rechazada por la mayoría oficialista y un puñado de bloques aliados. Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, insistirá en su planteo; se sumará Consenso Federal, que, en la voz de Graciela Camaño y Jorge Sarghini, anticipó también su rechazo al decreto.

El escenario tendrá lugar el mes próximo en la Cámara baja, donde Cafiero tiene previsto exponer su primer informe de gestión ante los diputados.

Fuente: La Nación