El Senado empieza a debatir el proyecto de “Ley de la pandemia”: cruces con la oposición y nuevo mensaje a la Justicia

El Senado comenzará a tratar hoy el proyecto de ley sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo para disponer medidas frente al coronavirus. El Gobierno quiere aprobar la norma antes del viernes de la semana que viene, fecha límite del actual Decreto de Necesidad y Urgencia. Fuentes del oficialismo afirman que el objetivo es “blindarse” ante fallos judiciales adversos, pero todo indica que podría abrir un nuevo foco de tensión con la Corte Suprema si la iniciativa es sancionada tal como fue elaborada en la Casa Rosada.

El proyecto ingresó al Congreso por la Cámara alta para asegurar una rápida aprobación. El Frente de Todos cuenta con mayoría amplia en el Senado, aunque no está claro si podría hacer algunas modificaciones al texto original. Allí se impone el criterio de Cristina Fernández de Kirchner. Algunas versiones dicen que había cierto desagrado porque existirían algunas debilidades en su elaboración, lo cual podría facilitar recursos judiciales posteriores.

Una vez definido el trámite en el Senado, quedaría muy poco margen para su tratamiento en Diputados. Allí, el oficialismo ya encaró negociaciones para asegurar el alineamiento interno y las presencias propias, y a la vez sumar aliados.

Juntos por el Cambio expresó su rechazo. Con matices, se opone el “lavagnismo” y una posición crítica también sostendrían los legisladores del PJ cordobés. Los principales cuestionamientos sostienen que el proyecto reproduce la letra de los dos últimos DNU, que generaron conflicto en especial por las clases presenciales.

La Corte rechazó el decreto presidencial que dispuso la suspensión de las clases en las escuelas, en respuesta a un planteo del gobierno de la Ciudad. Y Alberto Fernández decidió entonces avanzar con un proyecto de ley.

La cuestión central es que la Corte señaló de manera expresa que su posición trascendía la discusión sobre la norma. Dijo que si lo mismo es dispuesto por ley, tomaría la misma decisión.

La oposición criticó con dureza dos puntos: la subordinación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires al poder central, y la cesión de facultades al Ejecutivo sin límite de fechas.

Si la ley es sancionada tal como fue pensada en Gobierno o con cambios menores, el conflicto volvería al plano judicial, con una demanda de la Ciudad y tal vez con reclamo de otro distrito.