De manera inusual, el Congreso abre una semana que mezcla urgencias de caja y pulseada política

Es muy poco frecuente que el Congreso funcione a pleno un día lunes. Sin embargo, en  las dos Cámaras se producirán significativas señales sobre las necesidades de caja del Gobierno y las medidas que imagina en términos de ajuste, con mensaje al mundo económico y renovada tensión política. El Senado comenzará a tratar el proyecto para podarle más fondos a la Capital y Diputados avanzará con el “impuesto a las grandes fortunas”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja retomará el tratamiento de ese impuesto, que el oficialismo define como un aporte extraordinario y por única vez. Sectores empresariales ya advirtieron que se trataría de una doble imposición para una franja de contribuyentes. Algunos legisladores, sin rechazar la idea central, consideran que debería ir por otra vía, como Bienes Personales, y la oposición advierte que todo terminará en la Justicia con reclamos de incostitucionalidad.

El texto fue redactado por el oficialista Carlos Heller, con instrucciones de Máximo Kirchner. Estuvo demorado durante buena parte de la cuarentena, pero ahora el oficialismo decidió avanzar y espera lograr dictamen sin demoras. Establece un aporte de entre el 2 y el 3,5% para unos 12 mil contribuyentes con patrimonios por encima de los 200 millones de pesos al 31 de diciembre último.

El proyecto establece destino específico para lo logre recaudar, empezando por el sistema de salud. Los proyectos de impuestos con fines particulares, es decir no destinados al presupuesto general, demandan una aprobación legislativa con mayoría especial de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara.

La votación demandará entonces al oficialismo una amplia negociación para sumar adhesiones. También podría estar en discusión el tipo de sesión (virtual o presencial) y eso también puede generar disputas.

El Senado, en tanto, arranca la semana con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Con urgencia, el oficialismo quiere avanzar con el proyecto que busca establecer una suma determinada para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta ofensiva, impulsada especialmente por Cristina Fernández de Kirchner y rubricada por Alberto Fernández, el Gobierno dispuso por decreto una baja de más de un punto porcentual de coparticipación. Se calcula que son unos 40.000 millones de pesos al año.

Pero va más allá con su proyecto de ley, que llegó el viernes al Senado y de inmediato fue agendado para su tratamiento en comisiones. La iniciativa establece un criterio de suma fija, con  actualización por salario policial y un índice de precios. Y de ese modo, ya no sería de manera automática como hasta ahora. En total, considerando también el decreto, el recorte bajaría el nivel de coparticipación porteña del 3,5 al 1,4 por ciento.

Por supuesto, se espera un fuerte cruce por el tema en el Senado, donde le oficialismo tiene mayoría propia, y un trámite aún más duro en Diputados. En paralelo, habrá que ver si la Corte Suprema responde el amparo presentado por la Capital para frenar la baja que ya rige por decreto.