El RIGI no es generosidad, es la normalidad

El RIGI no es generosidad, es la normalidad

No es que a las grandes inversiones le están dando un «beneficio», es que al resto de la sociedad le están dando un flor de «castigo». Posiblemente el capítulo de la Ley de Bases del RIGI debería ser tomado como el faro a seguir si se quiere un país normal para invertir.

La Ley de Bases genera muchas controversias en el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).  Esto es, para las inversiones mayores a US$ 200 millones le dan un montón de «beneficios». 

Diputados en su momento, ahora senadores se quejan de que el RIGI es muy generoso con las inversiones. Los empresarios que tiene inversiones hechas, con razón, también se quejan porque entienden que es competencia desleal.

¿Cuál es la generosidad del RIGI?

Bueno, pagan menos impuestos a las ganancias, pueden descargar el créditos fiscal de IVA en los proveedores, compensan todo el impuesto al cheque, no pagan derechos de exportación ni importación, puede exportar e importar libremente sin interferencias del Estado, tienen dólar libre para exportar, tiene estabilidad fiscal y -algo que muchos dudan de su constitucionalidad- deja «establecido que las provincias y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados». O sea, hasta las salva del demonio: aumentos de Ingresos Brutos y de las tasas municipales que son muy gravosas. 

Y hay otros beneficios más colados en la letra chica.

Nunca es bueno los tratamientos especiales para un sector determinado porque resulta arbitrario e injusto para el resto de los ciudadanos. En el caso del RIGI, el argumento del Gobierno es que espera extender similares tratamientos al resto de la economía cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Priorizan las grandes inversiones para que motoricen el crecimiento y, cuando ello ocurra, podrán hacer extensivo el trato privilegiado a toda la economía.  

Diputados y senadores de la oposición consideran que no corresponde darle trato privilegiado por el solo hecho de ser una Gran Inversión y que se ajusten, «a lo macho», a las horribles reglas institucionales que prevalen en el país.

La respuesta más sensata que podrían tener los diputados y senadores de la oposición a este voluntarismo del Gobierno, de no tratar mal a las nuevas grandes inversiones, debería ser la de extender todos estos «beneficios» al resto de la economía. Porque no son «beneficios». Son la normalidad.

Lo anormal es tener las reglas que se aplican al común del ciudadano. El que pone todos sus ahorros en un pequeño negocio considera que esta es una Gran Inversión para él. Pero lo matan con el impuesto a las ganancias, los créditos fiscales de IVA no cobrados, el Impuesto al Cheque, los insumos importados caros por las restricciones a las importaciones y, si llega a vender un producto al extranjero, lo matan con los impuestos y las restricciones a las exportaciones. 

Obviamente que tampoco va a cobrar esa exportación al dólar de mercado. Ni qué decir cómo lo matan también su provincia con Ingresos Brutos y Sellos y su municipio con las tasas de industria y comercio. Estabilidad fiscal, olvidate.

Entonces, no es que a las grandes inversiones le están dando un «beneficio». Es que al resto de la sociedad le están dando un flor de «castigo». Posiblemente el capítulo de la Ley de Bases del RIGI debería ser tomado como el faro a seguir si se quiere un país normal para invertir.

Igualmente, es posible que el RIGI sea aprobado. La pregunta es si va a traccionar nuevas inversiones.  Aquí entran las grandes dudas. La Argentina ya tiene antecedentes de tratamientos especiales para inversiones grandes, con estabilidad de reglas, donde luego por mayoría simple del Congreso se canceló la estabilidad. 

De aquí que se espera que las inversiones nuevas que se darán con el RIGI serán básicamente en las áreas de hidrocarburos y minería, donde las empresas están acostumbradas a las irracionalidades de las políticas y a la arbitrariedad de los funcionarios. Los recursos naturales extractivos, sacando excepciones como Noruega, Canadá y Australia, están en Africa, Asia y América Latina que no se caracterizan por la eficiencia, justicia y estabilidad de sus instituciones. 

Así las cosas, si el RIGI llegara a ser exitoso y trajera inversiones de recursos extractivos es recomendable compatibilizar los incentivos a los grandes proyectos con el resto de los sectores productivos. Por ejemplo, es imprescindible establecer para las pymes un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. De esta forma, las pymes podrían entrar en la cadena de valor de las grandes inversiones con competitividad y con la nómina de los trabajadores en blanco. 

Otro gran cambio que vendría bien para las pymes es habilitar el desenganche de los convenios colectivos sectoriales que están ultra-activos (vencidos, pero vigentes) y que no se actualizan desde las décadas de los ’70 y los ’80. Es fundamental dar a las pymes libertad de negociación y definición de la organización del trabajo para adoptar las tecnologías modernas que van a requerir las grandes inversiones a las pymes de su cadena de valor.  

En otras palabras, sin llegar a darle un RIGI a las pymes, por lo menos le saquemos las regulaciones atávicas que hoy se les aplica. Los grandes proyectos de inversión en petróleo, gas y minería tendrán impactos sociales positivos si es que efectivamente derraman producción y empleo a la población a través de las pymes.

Fuente: El Economista