El reperfilamiento quedó pendiente. La oposición esperará para discutirlo
La oposición decidió que el “reperfilamiento” de la deuda emitida por el Gobierno de Mauricio Macri bajo jurisdicción nacional, no será tratado en el Congreso hasta que no se defina el nuevo gobierno y se produzca la renovación de la composición parlamentaria que surja de las elecciones de octubre.
Se trata de una de las primeras medidas anunciadas por Hernán Lacunza tras su arribo de emergencia al Ministerio de Hacienda.
Las distintas vertientes del peronismo parlamentario no comparten el apuro para prorrogar los vencimientos de una deuda de “mediano y largo plazo” (que arranca en 2020), de la que se desconoce su composición ni si los ahorristas y organismos estatales autárquicos (como la Anses) que tomaron la emisión de deuda del gobierno de Cambiemos bajo legislación local –que sumarían unos 32 mil millones de dólares– tendrán las mismas ofertas y condiciones que el macrismo ofrecería a los acreedores bajo jurisdicción extranjera.
Cambiemos en primera instancia tomó al Senado como posible puerta de acceso para el proyecto confiado en las buenas artes parlamentarias del ex jefe de la bancada del Peronismo Federal y compañero de Macri en la fórmula, Miguel Pichetto.
Pero la oposición adelantó la jugada y convocó al ministro para el 4 de septiembre a la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda, que preside el peronista José Mayans.
La Bicameral fue creada como complemento de la ley que en marzo de 2016 autorizó al Gobierno a cerrar un acuerdo con los fondos buitre. Por esa bicameral no pasaron el posterior endeudamiento externo de Cambiemos ni el acuerdo con el FMI.
Los sondeos del Gobierno en los distintos sectores de la oposición legislativa no fueron los esperados y Lacunza no fue a la Bicameral y pospuso la presentación de la iniciativa hasta el lunes 9 de septiembre, mientras abría un abanico de consultas durante el fín de semana.
«Nos van a mandar la factura de la fiesta. La fiesta la hicieron ellos y la tenemos que pagar nosotros. Igual creo que no tienen nada claro porque no tienen plan, es todo improvisado», evaluó entonces el titular del PJ nacional y diputado, José Luis Gioja.
Luego, el candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, reveló que Macri le pidió telefónicamente colaboración para avanzar con el “reperfilamiento”. Que él averiguó y luego comunicó a un “asombrado” Presidente que el proyecto en verdad nunca había llegado al Congreso. “Es más fácil hacer responsables a los otros, la queja de él era ‘no me ayudan a que el proyecto avance’, pero si el proyecto ni siquiera está…”, relató Lavagna en televisión. Entonces, el proyecto ingresó de apuro a la Cámara baja la noche del 19 de septiembre. Lacunza había estado en la Cámara de Diputados cuatro días antes para presentar el Presupuesto 2020 y no dio ninguna señal en ese sentido.
“Conmigo nadie acordó nada, y soy el presidente del bloque opositor más importante. Por lo tanto no tengo ningún compromiso con esa iniciativa”, señaló al día siguiente el jefe de la bancada de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi.
«El proyecto presenta una cantidad de dudas que son necesarias tratar con muchísima prudencia. No está claro cuál va a ser la oferta del Poder Ejecutivo, y si esa oferta va a ser la misma para los tenedores de deuda bajo legislación nacional a los tenedores de deuda bajo legislación extranjera”, agregó Rossi y sentenció: “la deuda que se busca reperfilar vence en 2020, por tanto lo más razonable es que se trate después del 27 de octubre, sabiendo quién va a ser el nuevo presidente».
El proyecto de Lacunza incorpora en su artículo más importante para la reestructuración de estos bonos “cláusulas de acción colectiva”, como tienen los emitidos bajo legislación extranjera. Establece que si el 66 por ciento de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50 por ciento de los ahorristas por especie. El resto del articulado, es delegaciones de facultades al Ejecutivo para toda la negociación y pactar condiciones. La iniciativa tiene el objetivo de “disipar los riesgos de incumplimiento hoy implícito en las cotizaciones de los papeles argentinos», dice en sus fundamentos.
Con información de Página/12
