La causa por corrupción en la obra pública termina de instalarse en el centro de la agenda política
Después de nueve jornadas de exposiciones en vivo, los fiscales de la causa Vialidad solicitarán este lunes una dura condena para Cristina Fernández de Kirchner. Resta aún un largo trecho para que el Tribunal Oral Federal 2 dicte sentencia, pero esta instancia del juicio refuerza las mayores preocupaciones de la ex presidente en frente judicial. Crece la ofensiva del kirchnerismo contra los jueces y eso alimenta un clima tenso para la gestión del Gobierno.
El fiscal Diego Luciani, junto a Sergio Mola, pedirían una condena de prisión efectiva, por considerar a Cristina Kirchner jefa de una asociación ilícita -como principal delito-, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La causa involucra a una decena de ex funcionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, además del empresario Lázaro Baéz.
Una vez concluida la presentación de los fiscales, comenzarán los alegatos de las defensas. En medio judiciales se estima que esta etapa podría extenderse hasta fines de octubre o principios de noviembre. Recién entonces, el TOF 2 estaría en condiciones de resolver la sentencia.
El caso Vialidad se ha transformado en la principal preocupación de la ex presidente, en primer lugar porque se vincula con otras denuncias sobre el manejo de la obra pública y la relación con Báez. El otro asunto que la inquieta, vinculado con este, es la revisión del sobreseimiento en la causa Los sauces-Hortesur. Casación fijó audiencia para el 10 de noviembre.
El kirchnerismo avanza en paralelo con una ofensiva abierta sobre el tribunal federal. Viene desplegando una campaña con pintadas y carteles, junto a un despliegue en las redes sociales, bajo la consigna “Jueces macristas, no jodan con Cristina”.
Este fin de semana, en la antesala del final del alegato fiscal, fue distribuida una declaración de apoyo a la ex presidente firmada por unos quinientos intendentes peronistas del interior del país. Los jefes comunales repiten la estrategia de denunciar “persecución judicial” contra CFK. En la misma línea se pronunciaron legisladores oficialistas y el gobernador Axel Kicillof.
En el Gobierno evalúan que la intensificación de este tipo de campañas puede complicar la gestión, por cuestiones de imagen –fundamentalmente, hacia el exterior– y colocar en situación al menos incómoda a Sergio Massa, que preferiría mantenerse al margen.
En cambio, Alberto Fernández, colocado en segundo plano, ya se ha pronunciado sobre la situación judicial de CFK y adhirió a las declaraciones y reclamos del kirchnerismo.
El ministro de Economía, en tanto, debe resolver otros problemas. Necesita acelerar las precisiones sobre la segmentación tarifaria para que las empresas de gas y electricidad puedan instrumentarla. Y tiene decidido concentrarse en sus anuncios, que este lunes comenzarían con el blanqueo destinado a la construcción.
Para completar, está pendiente la decisión sobre algún mecanismo para compensar el deterioro de ingresos como consecuencia de la alta inflación. Ya no se habla de una suma fija general, sino de algún bono y la aceleración de paritarias.
Massa inicia la semana con el anuncio que se vino demorando desde sus primeros días en el Ejecutivo: la designación de su segundo en Economía. Finalmente, el propio Massa informó que Gabriel Rubinstein asumirá como virtual viceministro. El aval de CFK y cuestiones personales de Rubinstein venían frenando la designación. El economista se disculpó ayer mismo por comentarios de otros momentos muy ácidos contra CFK.
