Golpe para el gobierno: la Corte aceptó el per saltum de los jueces removidos
La Corte Suprema de Justicia puso un freno a la ofensiva del gobierno contra la Justicia y aceptó el recurso de «per saltum» presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que actuaron y actuaban en causas de corrupción contra Cristina Kirchner y fueron removidos por el oficialismo en el Senado. El máximo tribunal, por unanimidad, prohibió al gobierno, mientras se analiza la cuestión de fondo, reemplazar a los jueces. Ahora deberá resolver la cuestión de fondo.
La reunión de hoy fue forzada por el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien la semana pasada convocó a un «acuerdo extraordinario», tal como lo habilita el reglamento de la Corte en su artículo 71. La decisión le valió a Rosenkrantz una crítica directa del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, lanzó el viernes último el mandatario.
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de dar lugar al reclamo y ahora deberán determinar si el proceso a través del Consejo de la Magistratura, el Senado y el Ejecutivo para desplazarlos fue legítimo o no.
El escándalo judicial en torno de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, y del juez federal Castelli comenzó en julio, cuando la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura, con apoyo del lavagnismo, giró al Senado la revisión de los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. El Senado, controlado por el peronismo, resolvió que los traslados eran irregulares e impulsó su remoción, que fue concretada con un decreto de Fernández.
Bruglia y Bertuzzi pertenecían a la Cámara Federal porteña y fueron los que, entre otros fallos, confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Castelli formaba parte del Tribunal Oral Federal 7, que tiene a cargo el juicio oral por esa megacausa de corrupción.
Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio, el respaldo de parte de la sociedad y de referentes de colegios de abogados y asociaciones que representan a funcionarios judiciales. Las críticas a la jugada oficialista contra la Justicia fueron eje central de los reiterados banderazos contra el gobierno nacional. La semana pasada, se produjo también una protesta frente al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte.
Anoche volvió a llevarase a cabo una vigilia en el mismo lugar en reclamo de que los miembros de máximo tribunal fallen a favor de los jueces desplazados, y continuaba mientras los jueces votaban una decisión. La Corte ha quedado no sólo en el centro de las miradas de un importante sector de la población, sino del poder político central, algo que a los jueces supremos no les agrada nada.
Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Highton de Nolasco debían decidir si se hacían cargo de forma inmediata del reclamo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, o si en cambio obligaba a los tres jueces a recorrer el largo camino que les permitiría llegar a la Corte con un recurso extraordinario. El resultado de la votación supone un duro golpe para las pretenciones del gobierno.
Ayer, antes de la reunión de la Corte, la ministra de Justicia, Marcela Losadro, aseguró que sería «un escándalo» si los jueces del máximo tribunal daban curso al per saltum y si fallan finalmente a favor de los jueces desplazados.
