EL Gobierno trata de evitar una ola de despidos y recortes salariales masivos

 El Gobierno convocará a la CGT y a empresarios para buscar alternativas frente a la crisis; ampliarían beneficios al sector privado y evalúan flexibilizar la cuarentena para algunos rubros

Preocupado por el impacto que el avance del coronavirus tendrá en la economía local, el presidente Alberto Fernández convocará a los sindicatos y a empresarios para evitar una ola de despidos y recortes salariales masivos.

“Hemos puesto una nómina salarial íntegra para que las empresas tengan aire. Hemos bajado aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelado alquileres”, dijo ayer el Presidente, que rechazó de manera tajante la posibilidad de una ola de despidos y rebajas salariales.

La CGT, que advirtió que hay un millón de empleos públicos y privados en riesgo por la pandemia de coronavirus, solicitó poner en suspenso dos artículos de la ley de contrato de trabajo vinculados a las suspensiones y a las indemnizaciones.

Además, los gremios evalúan con el Gobierno flexibilizar los alcances de la cuarentena para algunas actividades que están en crisis. Lo analizaron con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y se discutirá con empresarios, aunque la última palabra la tendrá Fernández.

En medio de la urgencia por la crisis sanitaria, emergió una tensa pulseada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos por una posible caída del empleo y recortes salariales masivos como inmediato coletazo de la realidad que traza el coronavirus. Avivó la disputa la reciente determinación del Grupo Techint, la empresa privada más grande del país, de finalizar los contratos de 1450 obreros en plena cuarentena.

Alberto Fernández citaría de urgencia a las principales cámaras empresarias y a las centrales obreras para evitar los despidos en cadena. La convocatoria del Presidente sería en respuesta a un pedido de la CGT, que calculó que el impacto económico de la pandemia podría afectar a más de un millón de empleos públicos, privados e informales, según informaron a la nacion fuentes sindicales.

Algunas áreas del Gobierno y la CGT evalúan que sería necesario reactivar cuanto antes el músculo productivo en algunas industrias sin que signifique violar la cuarentena. Es decir, se estudia una flexibilización del aislamiento para determinadas empresas o actividades. Podría tratarse de un levantamiento parcial. Lo conversaron Gustavo Beliz y Matías Kulfas con un puñado de gremialistas. Se ampliará ahora el debate con los empresarios, aunque la última palabra la tendrá Alberto Fernández. “Una economía que cae siempre se levanta. Pero una vida que termina no se levanta más”, dijo el Presidente, reforzando su intención de priorizar la salud.

Después de cuestionar en público a Techint, Fernández ratificó las medidas que dispuso a partir de la parálisis obligada. “Desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para todas las empresas. Hemos puesto una nómina salarial íntegra para que las empresas tengan aire. Hemos bajado aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelado alquileres”, dijo en una entrevist .

Desde CGT presionan para que el Gobierno intervenga en la letra chica de la ley de contrato de trabajo. Héctor Daer, el jefe de la central obrera y uno de los interlocutores sindicales que privilegia el Presidente, pidió suspender los artículos 221 y 247 de la normativa. El primer punto instaura el concepto de “fuerza mayor” como ordenador de las relaciones laborales y habilita suspensiones sin costo para el empleador hasta un plazo máximo de 75 días en un año.

El sector empresarial, advierten algunos gremios, prevé apoyarse en el artículo 247. La normativa dice lo siguiente: “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada (como lo sería la pandemia), el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley”. Es decir, la emergencia sanitaria los eximiría del pago adicional que establece la doble indemnización, fijada por decreto en diciembre del año pasado, y habilitaría un procedimiento de crisis.

Es posible entonces que el decreto presidencial que establece el pago de una doble indemnización se extienda más allá de junio, cuando vence su vigencia establecida. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, evalúa reforzar otras medidas, como el subsidio de Recuperación Productiva (Repro) para empresas en problemas y la reducción de las cargas patronales, deslizaron fuentes oficiales.

En un informe de hace algunas semanas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que el coronavirus podría destruir 25 millones de empleos en todo el mundo. La Argentina no será la excepción. “No se sostiene socialmente tener a cinco millones de trabajadores confinados. Es necesario preservar los empleos y encontrar una salida a las suspensiones. También hay miles de trabajadores informales que dejaron de producir. Algo hay que hacer”, dijo Daer a la nacion. El jefe de la CGT exigió una reunión de urgencia con el Gobierno y los empresarios para establecer criterios comunes en medio de la crisis. “Se abre ahora una gran paritaria para discutir sobre el empleo y el salario”, planteó el jefe del sindicato de la sanidad.

En medio de la incertidumbre y la parálisis, hay algunos sindicatos que ya aceptaron recortes. Por ejemplo, el de los mecánicos del Smata acató suspensiones con una reducción salarial del 25%. Diferente es lo que sucede en la industria aerocomercial, en la que Latam resolvió reducir salarios para evitar despidos. El recorte, en algunos casos, llegaría hasta el 50% del salario. La Asociación de Aeronavegantes, el gremio que reúne a los tripulantes, denunció a la compañía.

Un fuerte recorte también podría darse en el sector público. El aislamiento obligatorio y preventivo dejó al descubierto que la administración pública puede funcionar con menos personal del que tiene registrado, evalúan en algunas gestiones. “Hay tres millones de trabajadores estatales. Con un 15% basta para que el sistema funcione. Quedó demostrado en la cuarentena”, dijo un jerárquico de la CGT que habla a diario con la cúpula del Gobierno.

Fuente: La Nación