El Gobierno de Francia afronta una avalancha de investigaciones de su gestión

La imprevisión, las elecciones municipales y los mensajes confusos, en el centro de una batalla judicial y política

En Francia ha llegado la hora de dar explicaciones por la gestión del coronavirus después de dos meses de confinamiento y uno de desescalada. El frente es doble: político y judicial. El objetivo es aclarar qué y quién falló. Varias comisiones parlamentarias indagarán en la respuesta a una pandemia que ha dejado casi 30.000 muertos en el país. En paralelo, la fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar, y la Corte de Justicia de la República, encargada de juzgar a miembros del Gobierno, ha recibido más de 80 denuncias.

Todo empezó con ciudadanos como Chafia Zehmoul, candidata en las elecciones municipales en Saint-Fons, cerca de Lyon.

La primera vuelta de las elecciones se celebró, como estaba previsto, el 15 de marzo. La pandemia se estaba expandiendo por Francia. El presidente, Emmanuel Macron, ya había decretado el cierre de las escuelas y universidades. El Gobierno había anunciado la clausura de bares y restaurantes. Veinticuatro horas después del cierre de los colegios, Macron

ordenó el confinamiento y suspendió la segunda vuelta de las elecciones. En los días siguientes, Zehmoul y otros miembros de su candidatura enfermaron. “Murieron dos militantes y un familiar de candidatos en mi lista”, explica. Zehmoul recuerda que en las semanas anteriores estuvo tan absorbida por la campaña que no fue consciente del peligro.

Hervé Banbanaste, el abogado que representa a Zehmoul, prepara dos demandas. Una ante la Corte de Justicia de la República y otra ante el tribunal de París. “El argumento jurídico principal es la puesta en peligro de la vida ajena”, dice. “Queremos entender por qué se dijo a los franceses que las mascarillas no servían de nada”, afirma Banbanaste. “También por qué se mantuvo la primera vuelta de las elecciones municipales cuando, en las horas siguientes, se confinó todo el país. Pensamos que se hizo correr un riesgo inadecuado a la población”.

Lo que pretende Banbanaste “no es buscar responsabilidades, sino saber qué ocurrió y si las cosas se hicieron lo mejor posible”. “La puesta en peligro de la vida ajena no es lo más grave en el código penal. No son crímenes, son delitos. El crimen es la voluntad de dar muerte y no es lo que hay en este asunto”, dice. “Queremos entender qué ocurrió entre finales de febrero y mediados de marzo, qué informaciones estaban a disposición del Ministerio de Sanidad y cómo se utilizaron”.

Un elemento central en las investigaciones posiblemente sea la entrevista que la exministra de Sanidad Agnès Buzyn concedió a Le Monde después de las municipales. Abandonó en febrero el cargo para ser candidata en París. “Desde el principio (de la campaña) solo pensaba en una cosa: el coronavirus”, dijo. “Se habría tenido que parar todo, era una mascarada. La última semana fue una pesadilla. Tenía miedo en cada mitin”. La exministra explicó que el 30 de enero avisó al primer ministro, Édouard Philippe, de que las elecciones no podrían celebrarse. “Cuando abandoné el Ministerio, yo lloraba porque sabía que teníamos delante la ola del tsunami”.

“Hay que distinguir lo que correspondería al error de gestión, partir del día 21 la escuela será obligatoria para todos. Hasta ahora era voluntaria.

El objetivo, para Macron, es construir una economía “fuerte, ecológica y soberana”. La deuda, que con las medidas anticrisis se ha disparado hasta cerca del 120% del PIB, no se reducirá con subidas de impuestos sino “trabajando y produciendo más”, avisó. Algunos errores en la gestión de la pandemia se han atribuido al exceso de centralismo: el ejemplo de la Alemania federal, que ha gestionado mejor la crisis, ha abierto una reflexión sobre la estructura del Estado. La Francia poscovid-19 deberá descentralizarse, según Macron. “Todo no puede decidirse en París”, dijo. y esto no pude perseguirse penalmente, y lo que correspondería a la falta penal”, sostiene Michel Parigot, presidente de la asociación Coronavictimes. “Pongámonos a principios de enero: no haberlo previsto todo en aquel momento puede considerarse un error de gestión. En cambio, cuando en plena epidemia se da como consigna no llevar máscara, estamos ante una falta penal: se impide a las personas protegerse, aunque era posible hacerlo con una máscara artesana. Que haya una escasez de máscaras no es excusa”.

Riesgo de judicialización

Parigot considera que durante la crisis se realizó un triaje de enfermos susceptibles de ser tratados en el hospital en función de la edad y no de criterios médicos, y que esto también puede constituir una falta penal. Respecto a las municipales, argumenta: “Lo que correspondería a la falta penal no es tanto el mantenimiento de la primera vuelta como el hecho de que, para mantenerla, hubo que aplazar la decisión del confinamiento, con miles de muertes suplementarias como consecuencia”.

“El Gobierno no comenta los procedimientos en curso”, dice una portavoz gubernamental en un correo electrónico. En una entrevista en mayo con EL PAÍS, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, avisó del riesgo de la judicialización de la política. “Es una plaga de la democracia porque, para mí, la responsabilidad de los dirigentes, de los gobernantes, es precisamente la responsabilidad política. Y, si se comete un gran error, penal”, declaró. Y añadió: “Esta tendencia a la judicialización implica, por ejemplo, el riesgo de que todo el mundo abra el paraguas”. Es decir, que no tomen decisiones para evitar las denuncias ante la Justicia.

El martes, el fiscal de la República, Rémy Heitz, anunció haber recibido 62 denuncias de particulares y asociaciones por puesta en peligro de vida ajena y no asistencia a persona en peligro, entre otros posibles delitos. “La investigación judicial tendrá por objeto establecer los procesos de decisión puestos en marcha con ocasión de la crisis sanitaria con el fin de arrojar luz sobre las eventuales infracciones penales susceptibles de haber sido cometidas”, señaló en un comunicado.

Las denuncias ante la Corte de Justicia de la República apuntan al primer ministro y a varios ministros, entre ellos el de Sanidad, Olivier Véran, pero no al presidente Macron, que es irresponsable penalmente por actos en el ejercicio de sus funciones. El fiscal François Molins declaró en mayo en la cadena RTL que, entre las denuncias, había algunas de “unas páginas, en ningún caso motivadas, y otras más trabajadas, de una veintena de páginas”. Por ahora están en fase de estudio: no se ha abierto ninguna investigación formal.

No es solo una batalla judicial. En el frente político, las investigaciones se acumulan: a las de la Asamblea Nacional y el Senado, que deben ponerse en marcha en los próximos días, se suma la posibilidad de otra impulsada por el Palacio del Elíseo.

Fuente: El País