El Gobierno avanza con su ofensiva judicial, pero se le complican los números en Diputados

La tensión volverá a subir al máximo esta tarde en el Congreso. El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que reduce los votos necesarios para nombrar al jefe de los fiscales. Aunque se prevé que avance con el dictamen, cuando parecía que el gobierno conseguía los votos para aprobarlo en el recinto, fuertes señales llegaron desde los «aliados» y pusieron esa posibilidad en dudas.

El debate de la iniciativa se realizará este martes a las 19 en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos). De obtener dictamen, la iniciativa estará habilitada para ser tratada una semana después en el recinto.

Mientras el gobierno negocia a contrareloj en el Congreso, el juez federal Daniel Rafecas aseguró que no continuará con su postulación para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación si el Congreso sanciona la ley. Rafecas fue postulado por Alberto Fernández, pero el cristinismo lo rechaza y su pliego nunca avanzó en la Cámara Alta.

El magistrado lo confirmó a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, donde publicó además la foto del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández el día que le propuso postularlo para Procurador General de la Nación. «Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación», sostuvo Rafecas.

Tras varios días de especulaciones, los aliados del oficialismo salieron a marcar posición públicamente. Los tres diputados del lavagnismo, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez -presidente de la bancada-; Graciela Camaño y Jorge Sarghini, ratificaron su rechazo a la iniciativa al considerar que «no son tiempos» de introducir cambios en el sistema de justicia, sino «de resolución de los problemas que afectan la vida diaria de la gente».

Los cuatro diputados de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti también habían advertido que no acompañarían. A ellos se sumarían los dos socialistas que junto a los cordobeses y los lavagnistas conforman el Interbloque Federal, integrado por 11 diputados.

El jefe del interbloque, Eduardo Bali Bucca se pronunció en Twitter: «Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?», sostuvo. Es decir, diez de los integrantes del bloque no acompañarán.

Por otra parte, el diputado nacional José Luis Ramón, del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de seis intengrantes, confirmó ayer que respaldará el proyecto del Frente de Todos. No sería, sin embargo, suficiente.

En tanto, el reimpulso de la ofensiva judicial volvió a tensar la relación con Juntos por el Cambio, con quien el gobierno había logrado consensuar el proyecto para postergar las elecciones un mes, que se votaría el miércoles en el recinto.