El control de Precios Justos por parte del gremio de camioneros abre un nuevo frente de tensión política
La participación del gremio de camioneros en operativos de control de Precios Justos provocó sorpresa y de manera inmediata abrió un nuevo frente de tensión política. La información fue difundida por el propio sindicato y generó un intento de bajarle el tono por parte de funcionarios de Economía. Desde la oposición, surgieron críticas y también una denuncia penal contra las autoridades por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Todavía surgían algunas aclaraciones informales desde la secretaría de Comercio -para exponer un lugar secundario del gremio- cuando se agregó que en algunas tareas, más vinculadas a la difusión del programa oficial, participa también la organización social Barrios de Pie.
El video difundido por el sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano muestra en lugar destacado al referente de la rama de Logística del gremio, Oscar Borda, dirigente que enfrenta denuncias por bloqueos a empresas.
Sergio Massa sostuvo en declaraciones públicas que el gremio “no controla” sino que aporta información. “Acá tienen que participar todos: Gobierno, oposición, empresarios, trabajadores en un objetivo patriótico, que es construir una economía sin inflación”, dijo el ministro.
El sindicato acompañó operativos en centros de distribución de importantes cadenas de supermercados y anunció que visitará también empresas proveedoras, con el objetivo de “garantizar” que no haya faltantes de productos incluidos en Precios Justos.
La dirigente Elisa Carrió y otros integrantes de su espacio político, integrante de Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández, Massa y Matías Tombolini.
Acusan al Presidente, al ministro de Economía y al secretario de Comercio de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.
También Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra esos operativos de control. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el 911 para denuncias de comerciantes.
Además, hubo otra denuncia penal, a cargo de la Fundación Apolo, contra Tombolini, por incumplimiento de sus deberes, y contra Oscar Borda, por usurpación de funciones del Estado.
