Detienen al N°2 de De Vido y el ex ministro analiza renunciar como diputado

Roberto Baratta, que fue secretario del ex ministro de Planificación Julio De Vido, quedó detenido ayer. El juez Claudio Bonadio dictó además prisión preventiva para ambos ex funcionarios. Alejado hoy de Cristina Kirchner, para el ex ministro la detención de Baratta fue un “golpe al corazón”. Se los acusa de irregularidades en la compra de gas natural licuado, con un desvío de más de US$ 6.900 millones. Así, De Vido sumó un nuevo pedido de desafuero y analiza renunciar a su banca para evitar ser expulsado del Congreso.

Peleado o distanciado con su ex jefa Cristina Kirchner y, sobre todo, cercado por la acumulación de causas judiciales que lo tienen como eje, el ex súper ministro Julio De Vido está analizando renunciar a su banca de diputado nacional, según allegados informaron a Clarín. El hecho que lo llevó a este estado de ánimo fue la detención de su ex mano derecha, Roberto Baratta, ayer por la tarde. A diferencia de lo que sintió cuan- do otros ex funcionarios suyos, como José López o Ricardo Jaime, quedaron tras las rejas, el apresamiento de Baratta fue para De Vido “un golpe al corazón”.

El hoy diputado y alguna vez el ministro más poderoso de los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner, “no quiere aparecer en la foto con el casco y el chaleco” como ocurrió con todos los detenidos por causas de corrupción.

Renuncie o no, De Vido está muy cerca de dejar de ser diputado. Esta semana, la Cámara Federal le ordenó al juez Luis Rodríguez que pida el desafuero y la detención de De Vido por una causa en la que se investigan negociados con Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio (YCRT). Presuroso, el oficialismo en Diputados anunció que ya tiene los apoyos necesarios para tratar ese pedido judicial el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el miércoles en el recinto.

Además de la orden de Rodríguez, ayer se agregó otro pedido de desafuero y detención a De Vido en el mismo sentido cuando el juez Claudio Bonadio procesó por “defraudación a la administración pública y administración fraudulenta” al ex ministro y a Roberto Baratta, que fue la mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación.

La medida incluye la prisión preventiva y es por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares con un desvío de fondos por más de 6.900 millones de dólares entre los años años 2008 y 2015. El embargo trabado fue de $ 1.000 millones para cada uno.

De esta manera, el diputado enfrentará desde el martes un proceso de desafuero de la Cámara de Diputados que puede concluir al día siguiente si es que el oficialismo logra conseguir los votos necesarios para expulsarlo, algo bastante probable según los conteos previos.

Además de Cambiemos, del massismo y de parte del PJ, también la izquierda y partidos provinciales que antes funcionaban como aliados K ya adelantaron que votarán por dejar a De Vido sin la protección que tienen los legisladores para evitar las detenciones.

En el caso de que se vote el desafuero, las fuerzas de seguridad podrían cumplir de inmediato la orden de detención que libró Rodríguez – por orden de la Cámara Federal- en la causa que investiga negociados en YCRT, que fue virtualmente duplicada con la orden de Bonadio en la causa por la compra del gas licuado.

Como consecuencia de la orden del juez Bonadio, la policía detuvo en su casa a Baratta, ex Subsecretario de Función y Control (Ver Página 13).

En la causa fueron procesados sin prisión preventiva otras 23 personas. Se les aplicó un embargo también, de $ 1.000 millones de pesos a cada uno. Baratta fue detenido con chaleco, pero sin el casco que hicieron famoso el empresario kirchnerista Lázaro Báez, y los ex funcionarios Ricardo Jaime, José López y el contador de los Kirchner, entre otros detenidos céle- bres por la corrupción del gobierno anterior.

Además de los pedidos de detención en las causas “YCRT” y “Gas Licuado”, De Vido está procesado por el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la tragedia de Once y la compra de gas oil subsidiados para micros de transporte público.