Demora el fallo Burford; cuáles son los escenarios que enfrenta YPF

Cuando parecía que la jueza Loretta Preska anunciaría en las próximas horas la sentencia en la causa que Burford Capital inició contra el Estado argentino e YPF por la reestatización de 2012, las partes habrían solicitado un nuevo plazo procesal que demorará el dictamen del fallo. Pese a eso, el panorama para la Argentina no es auspicioso. Cuáles son los escenarios que podría enfrentar la mayor empresa de energía del país.

Loretta Preska

Loretta Preska, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, decidiría en las próximas horas incorporar un plazo procesal más antes de dictar sentencia en el caso impulsado por Burford Capital contra el estado argentino e YPF por la reestatización de la petrolera en 2012, según indicaron fuentes al tanto del proceso. Eso es, en rigor, lo que solicitaron las partes involucradas. De esa manera, la decisión de la magistrada se demoraría al menos por dos meses más en publicar su fallo.

Burford, un megabufete de abogados que opera como un hedge fund y se dedica a crear –y ganar- litigios impensados de muy difícil resolución, reclama, en el extremo, una compensación de más de US$ 3.000 millones. Aunque es temprano para saber a cuánto podría ascender una indemnización negativa (en esta etapa judicial se está juzgando la responsabilidad de cada parte), las perspectivas no son auspiciosas para el país.

Dos fuentes con conocimiento de la causa sin contacto entre sí coincidieron en que probablemente Preska falle en contra de la Argentina. El mayor interrogante es si una sentencia negativa alcanzará también a YPF o se limitará a recaer sobre el Estado argentino. Existen chances de que se confirme la segunda opción. De ser así, el panorama no sería tan malo para la petrolera que preside Pablo González.

¿Qué es lo que reclama Burford?

Burford, que inició la demanda luego de adquirir los derechos para litigar contra la Argentina por la reestatización del 25% que tenía Petersen Energía antes de la expropiación, alega que como el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF debió haber realizado una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 100% de la compañía y por consiguiente, indemnizar también al 25% en poder de Petersen Energía, tal como se explica con mayor detalle en este artículo publicado en julio de 2019.

Así está establecido, alega el fondo, en el artículo 7 del estatuto de la compañía, que instruye que si una empresa adquiere un 15% o más del paquete accionario de YPF indefectiblemente debe realizar una OPA por el total de la empresa. Burford entiende que esa cláusula es de aplicación automática.

En el gobierno sostienen que la aplicación de ese punto del estatuto no es taxativa porque argumentan que las fórmulas de valorización de la petrolera incluidas en el estatuto de YPF colisionan con el derecho soberano del Estado de expropiar un activo estratégico. 

¿Qué establece el estatuto?

Define una serie de esquemas para calcular el precio de YPF en caso de un accionista adquiera más del 15% del paquete accionario de la empresa. Sobre esa base, sostiene que el precio más alto que se desprenda de las fórmulas de cálculo es el que debe abonar quien quiera tomar el control de la petrolera. Para mayo de 2012, cuando se concretó la reestatización, la valuación de YPF habría llegado a las US$ 19.000 millones si se tomaba el precio más alto resultante de las fórmulas incluidas en el artículo 7 del estatuto. Es decir, siguiendo la lógica del razonamiento que esgrime Burford, la Argentina habría tenido que pagar US$ 19.000 millones para evitar un eventual reclamo de Petersen Energía por el orden de US$ 3000 millones. 

A su vez, Burford sostiene que, si quien desembarca en la empresa no realiza una OPA por el 100% de la compañía, la propia YPF, el directorio o el management, tiene la obligación de no dejar votar a los nuevos accionistas que tomaron el control sin hacer la OPA.  

¿Qué puede resolver Preska?

Fuentes con acceso a la causa señalaron que lo más probable es que Preska falle a favor de Burford porque, si bien hubo una ley de expropiación, la jueza va a buscar reivindicar el valor de los contratos en defensa de los inversores privados porque sino cualquier contrato firmado entre privados no tendría ningún valor frente a una decisión soberana de un Estado y, por lo tanto, ni siquiera tendría sentido firmarlo.

La fuente señaló que si tuviera que asignarle un porcentaje de probabilidades a un fallo adverso contra la Argentina diría que es más del 50%, pero al mismo tiempo aclaró que lo más probable es que el fallo recaiga solo sobre el Estado argentino y no sobre YPF, ya que la exigencia de que el management de YPF le impida votar a los recién desembarcados representantes del Estado en la asamblea de la compañía es absolutamente impracticable.

¿Por qué entonces YPF también podría ser condenada? 

Porque si Preska no involucra a YPF a Burford le será muy difícil cobrar la sentencia, sobre todo si se toma en cuenta los antecedentes del Estado argentino desconociendo fallos de ese mismo tribunal. Al ir sobre YPF le podría facilitar a Burford la posibilidad de cobrar la sentencia. «Si bien la empresa no cuenta con tantos activos en el exterior, podrían embargase los ingresos por la exportación de derivados, entre otras cuentas», explicó una de las fuentes consultadas.

Fuente: Econojournal