Cristina Kirchner recibió ayer a Directivos del Consejo Agroindustrial
La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió ayer a José Carlos Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Industrial Argentino; Roberto Domenech, Presidente de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA) y Gustavo Idigoras, Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Sí, Cristina a solas con el campo. Una parte, cuanto menos. Parte considerable si se considera que el CAA se lanzó el 17 de julio y nuclea a 42 entidades relacionadas al campo y a la producción de alimentos entre las que se encuentran Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina, las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe y, además, cámaras de productores. Una ausencia (simbólica, por cierto): la Sociedad Rural Argentina.
La pandemia vino bien para descomprimir la tensión con el agro, que a comienzos de marzo había empezado a ocupar las veras de algunas rutas tras la consolidación de las retenciones a la soja en 33%. Se llegó a hablar de una 125 “II”. Con la llegada del Covid-19, los ánimos se calmaron. La intención del agro es aprovechar esta ventana de calma para entrar a la pospandemia con otra agenda, más positiva. Un win-win para un Estado sediento de dólares y una cadena agroindustrial, con ganas y posibilidades de crecer.
Desde el CAA plantean como objetivo consolidar a Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio como biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos. Aseguran que, entre 2020 y 2030, se pueden generar 210.000 empleos directos en el interior del país y 700 mil en el total de la economía, sin descuidar el entorno ambiental, y lograr U$S 100.000 millones anuales de exportación: 52% más que los U$S 65.000 millones que se exportan hoy (tomando en cuenta todos los sectores). Todo esto, dicen, sin requerir subsidios del Estado.
En el diálogo, Martins expresó que se busca definir una política activa de corto plazo con herramientas de políticas institucionales, con fuerte impronta hacia las relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros. Además opinó que se apunta a detener el flujo migratorio del interior hacia las grandes urbes y el conurbano de Buenos Aires.
Además resaltó que, desde el CAA entienden que el contexto económico que está atravesando la Argentina es anterior a la pandemia. Agregó que se necesitan realizar propuestas sectoriales pronto, que integren un proyecto de ley que pueda ser tratado por el Congreso antes de terminar 2020 y que debe tener que ver con el desarrollo agroindustrial exportador con fuerte inclusión social y federal, que tenga estabilidad fiscal y financiera por los próximos 10 años. Esas serían las condiciones del sector.
Domenech resaltó que este año habrá un nuevo record de producción de pollos y ha expresado que hay que trabajar ahora para tratar de visualizar cuáles serán los cambios que se avecinan, los nuevos hábitos, las nuevas demandas de los consumidores, qué servicios deberemos proveerles. Saber que estos cambios demandarán inversiones y rápidos reflejos para responder a las demandas de todos los que nos rodean y nos observan.
Idigoras alertó que Europa ya lanzó el Pacto Verde (Green Deal) que planea descarbonizar su economía e imponer certificaciones ambientales obligatorias y posibles impuestos de importación al carbono que emitan los alimentos que ingresen a la UE desde terceros países. Explicó que esto se puede traducir en barreras de exportaciones agroalimentarias por lo que nuestro país debe planificar como sectores productivos y exportadores una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura; promover la siembra directa masiva que reduce sensiblemente emisiones, consumo de combustibles fósiles y evaporación del agua, mostrar que protegemos el “Gran Chaco” (segundo bioma de América Latina) e impulsar las certificaciones de carbono neutro de todos los productos alimenticios exportables.
