Corrupción: El mundo retrocede en cumplir las normas y Argentina hace «un esfuerzo limitado»
Un nuevo trabajo de Transparencia Internacional estudia a 47 países exportadores, que engloban al 84% del intercambio global; la Argentina hace «un esfuerzo limitado», según la entidad
Un nuevo informe de Transparencia Internacional (TI) llamado «Exportando corrupción 2022», muestra que hay un retroceso en materia de cumplimiento de normas en el comercio internacional. Según analiza Poder Ciudadano, este Índice -que empezó a ser medido en 2009 por TI-, arrojó sus valores más bajos. La Argentina, por su parte, ocupa el puesto 19 de 47, entrando en la categoría de «esfuerzo limitado».
Alejandra Bauer, abogada y parte del equipo de Poder Ciudadano, estuvo a cargo del capítulo argentino del informe. Con respecto al puesto en el ránking opina que «más allá de la posición global de la Argentina, la comparación con la edición anterior del mismo informe permite ver que hay aspectos clave para la lucha contra la corrupción que no están siendo atendidos. Los ejemplos más claros son la falta de independencia del Poder Judicial y las falencias de la normativa de protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción».
Cohecho
El trabajo de TI se basa en las recomendaciones de la convención para combatir el cohecho (léase sobornos) de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de la OCDE, que fue adoptada en 1987 por los 44 países que conforman el grupo, más China, Hong Kong (como región autónoma), India y Singapur. La Argentina se adhirió en 2001. Allí se recomienda, entre otras cosas, que los países castiguen de manera penal a quienes cometan este delito.
En general, se sabe que las crisis son la oportunidad perfecta para evadir reglas, ya que los controles suelen ser más laxos. La introducción al informe analiza que la pandemia del Covid-19 trajo una cantidad de disrupciones en la actividad económica, con el resultado de un declive en la inversión extranjera directa y también de las exportaciones.
Todo estuvo combinado con un incremento en el gasto público. Luego, en 2021, hubo un rebote de la inversión extranjera directa, que excedió los niveles prepandemia y aumentó exponencialmente el intercambio internacional. Sin embargo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), 2022 no tendrá semejante crecimiento como consecuencia de la «catastrófica invasión a Ucrania, desastres climáticos, falta de energía, alta inflación, las tensiones geopolíticas, mayor gasto público y condiciones críticas en varios países».
Corrupción
A nivel global, según TI, las condiciones críticas llevan a un riesgo mayor de corrupción, por lo cual «es un momento en el cual hay que extremar las medidas que llevan a cumplir las normas y evitar los sobornos», Con respecto a la Argentina, Carlos Rozen, socio de BDO a cargo de compliance e investigaciones, explica que, efectivamente, existe una crisis en el comercio internacional, pero que tiene su impacto en la Argentina.
«El prohibitivo costo de los embarques marítimos (con subas de entre 5 y 7 veces), y la duplicación del costo del transporte aéreo, con frecuencias bajas y poco stock de contenedores, hacen que la situación sea altamente preocupante», explica.
«La complejidad en las operaciones de comercio internacional potenciadas por las restricciones cambiarias (cóctel que nuestro país sabe preparar con precisión), dificulta notoriamente la fluidez rentable en el intercambio de bienes y servicios. La contracara de esto es la discrecionalidad con la cual las excepciones podrían ser manejadas, según la opinión generalizada de los actores que conforman el ecosistema del comercio internacional.
Por su parte las autoridades aduaneras estuvieron informando durante las últimas semanas un elevado número de supuestos casos irregulares relacionados con subfacturación y contrabando, como así también piratería y fraude marcario. Todo esto se ha tornado visible y evidente. Sin embargo, hay cuestiones que no lo son tanto», sugiere.
Fraude corporativo
El experto dice que existen numerosos estudios sobre el fraude corporativo que demuestran que durante las crisis económicas el incremento del fraude puede superar el 50%. «Es más frecuente de lo que creemos que, al verse comprometida la continuidad de un negocio, o la supervivencia económica de un individuo, el comportamiento ético y la integridad de las personas comienzan a desdibujarse. La cantidad de investigaciones que estamos realizando con nuestros equipos en el país, puede explicarse como una combinación del deterioro progresivo de las condiciones económicas actuales, y de la proliferación de programas de compliance», asegura.
Algunos resultados Solo dos de los 47 países analizados (Estados Unidos y Suiza) están en la categoría «active enforcement» que hace alusión al cumplimiento efectivo de normas. Juntos representan el 11,8% de las exportaciones globales.
El Reino Unido e Israel cayeron de categoría, a un estado de «cumplimiento moderado». Otros países también cayeron de categoría y solo dos ascendieron: Letonia y Perú.
Siete países, Alemania, Francia, el Reino Unido, Australia, entre otros están en una categoría moderada. Dieciocho países están en la categoría de cumplimiento limitado, entre ellos la Argentina, y otros 20, como China, Japón, Corea del Sur, India, y Bélgica, cumplen poco y nada con los controles y castigo efectivo a la corrupción.
El caso argentino TI advierte que hay una debilidad en el marco legal y en la obligación de cumplir normas. Habla también de una contabilidad inadecuada, lo mismo que las auditorías; denuncia fallas para establecer que las compañías son responsables de sus subsidiarias y la falta de un marco legal para incentivar y proteger a los llamados whistleblowers (denunciantes).
También hace referencia a la falta de independencia dejueces que «responden al poder político».
Para Poder Ciudadano otros problemas son la falta de registros públicos sobre los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado, la existencia de una im- plementación deficiente del marco regulatorio sobre la responsabilidad empresarial, entre otros.
«Poder Ciudadano sigue apostando a la cooperación técnica jurídica internacional como mecanismo para combatir el soborno transnacional.
Los aportes del capítulo argentino al Informe de Transparencia Internacional dan cuenta de algunos de los obstáculos locales que impiden su efectiva implementación», comunica la entidad. Con respecto a la cooperación jurídica internacional Bauer aclara que el Ministerio Público Fiscal adoptó medidas para el desarrollo y aumento de la colaboración entre instituciones a nivel nacional e internacional. Como resultado, se logró detectar e investigar un mayor número de casos de lavado de activos y soborno transnacional en los últimos años. «Sin embargo, los avances reales resultan casi insignificantes en tanto esas investigaciones se procesan en un ecosistema jurídico con problemas estructurales que afectan especialmente su performance en casos de corrupción», dice.
En cuanto a los denunciantes, la experta de Poder Ciudadano agrega que «el marco normativo actual carece de una legislación específica que regule un sistema de protección de testigos para casos de corrupción. Si bien desde 2003 existe el «Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados», que se ha aplicado en algunas ocasiones para testigos de este tipo de delitos, éste no cumple con los requisitos mínimos que los tratados internacionales establecen como necesarios para su efectiva aplicación en casos de corrupción y se encuentra en la actualidad en un proceso de revisión de su funcionamiento, siendo su performance por demás opaca al control de la ciudadanía».
Fuente: La Nación
