«Corresponde señalar que se encuentran dados en el caso los presupuestos que permiten suponer que de concederse la libertad solicitada, el nombrado podría intentar sustraerse del accionar de la Justicia o entorpecer el curso de la investigación», aseguraron los magistrados Marín Irurzún y Leopoldo Bruglia, integrantes de la Sala II. Eduardo Farah firmó en disidencia.
Para el camarista Irurzun los riesgos procesales por los que la Cámara ordenó en octubre pasado la detención de De Vido no cambiaron. Se trata de las dificultades para reunir la documentación antecedente para la causa, la excesiva demora en remitirse la documentación a la Justicia desde la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y la destrucción de expedientes.
