Definen la comisión para tratar cambios en la Corte

Mientras surgen señales de que sería postergada unos días más la presentación de la reforma judicial -enfocada principlamente en los jueces federales de Comodoro Py-, el gobierno dejó trascender la lista de integrantes del consejo que analizará cambios para la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Los dos nombres que seguramente generarán más polémica son los de Carlos Beraldi, principal abogado defensor de Cristina Kirchner en causas por corrupción, y León Carlos Arslanian, de reconocida trayectoria en la Justicia, y actual defensor de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

Ese organismo, que sería creado por decreto presidencial, también contará con la participación de la miembra del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weimberg de Roca, a quien Mauricio Macri propuso en su momento para la Procuración, pero nunca contó con el aval del peronismo en el Senado.

Beraldi, Arslanian y Weinberg, estarán acompañados por el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, cercano al ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien propuso dividir al máximo tribunal en salas especializadas en los distintos fueros. El otro constitucionalista que integrará el Consejo será Andrés Gil Domínguez.

Tambien formarán parte el especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, Marisa Herrera y el penalista Enrique Bacigalupo; la jueza de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, y sus pares del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, María del Carmen Bataini; de la Corte de Tucumán, Claudia Sbdar, y de la Corte de Mendoza, Omar Palermo.

La otra inciativa clave para el gobierno, la «reforma judicial», ingresaría al Congreso por la puerta del Senado, cámara con mayoría cómoda del oficialismo. El proyecto ya fue demorado varias veces para ajustar «detalles», según las versiones que circulan en la Casa Rosada.

            El objetivo central del proyecto sería sumar juzgados penales económicos a los juzgados federales porteños, que pasarían así de 12 a 23. Y luego, duplicar ese número. La intención de fondo sería licuar el poder de Comodoro PY, principal ámbito para el inicio de las causas por corrupción en la función pública.

            Por último, se espera que el jueves el Consejo de la Magistratura defina el tratamiento de la propuesta oficialista de revisión de una docena de designaciones y traslados de jueces durante la gestión macrista. En este caso, el interrogante es si esos pliegos serán puestos a consideración del Senado sin más vueltas o si la cuestión es sometida a la propia Corte.