Colina: “clave para los bancos, reformas Previsional, Impositiva y del Estado”

Los tres desafíos estructurales que la próxima gestión de gobierno va a tener que considerar, -si realmente quiere empezar a salir de la decadencia-, afectan también al sistema bancario.

Son la reforma previsional para hacer al sistema sostenible y equitativo; la reforma impositiva, para reducir la carga tributaria, y la reforma del Estado, para lograr un federalismo sin tratos discrecionales.

Por Jorge Colina, economista de IDESA

Hoy en Argentina la banca pública y privada está absorbida por el principal actor de la economía, que es el Estado.

Pero no, para instrumentar en conjunto el financiamiento de largo plazo de un plan de desarrollo productivo y social, sino para tratar de financiar un déficit fiscal que es insostenible.

Así lo demuestran las recientes crisis y volatilidad cambiarias, y que es muy difícil de reducir, como lo demuestran los denodados esfuerzo de las autoridades económicas, para llegar a la meta de déficit primario cero. Aunque queden todavía en desbalance los pagos de intereses.

La única vía por la que la banca argentina podrá concentrarse en el financiamiento del desarrollo, es cuando el Estado, en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), esté estructuralmente equilibrado, con una presión razonable y pagable por la mayoría, y una gestión del gasto público eficiente y de calidad.

Para que esto sea posible, es impostergable abordar estas tres reformas: la previsional, la impositiva y la del Estado para un federalismo sano.-

El sistema previsional tiene muchísimos defectos. Entre los más visibles se suele mencionar la edad diferencial de jubilación de la mujer (60 años versus 65 del varón).

Sin embargo, las inequidades en términos de edad jubilatoria trascienden la dimensión del género. En el sistema nacional (SIPA), contabilizando a las mujeres y los regímenes especiales se concluye que el 60% de los aportantes se va a jubilar antes de los 65 años.

Yendo a las Cajas provinciales no transferidas, que cubren a los empleados públicos de las provincias, en 8 de las 13 Cajas no transferidas el 100% de los aportantes se jubilará antes de los 65 años y en las 5 restantes el 80% aproximadamente lo hará.

Asimismo, la regla de pensión por sobrevivencia está duplicando la cobertura ya que muchas personas con jubilación acumulan un segundo beneficio cuando su cónyuge fallece. Un sistema que jubila a la mayoría de la gente tempranamente y acumula doble beneficios es claramente insostenible e inequitativo.

El sistema impositivo, por su parte, está sobrecargado de impuestos producto de las superposiciones jurisdiccionales. Por el acto de una venta hay que pagar IVA (nación), Ingresos Brutos (provincia) y tasa de industria y comercio (municipios).

Por la posesión de un inmueble o un automóvil hay que pagar Bienes Personales (nación) e Inmobiliario y Automotor (a provincias y municipios, ambos). Por una transacción bancaria hay que pagar Impuesto el Cheque (nación) y percepción de Ingresos Brutos (provincia).

Además de la acumulación de presión impositiva, se multiplica la carga administrativa para el contribuyente y se complejiza la administración tributaria para el Estado. Ante semejante parafernalia burocrática, el incumplimiento pasa a ser natural y tolerado por la complejidad que trae aparejado hacer lo correcto.

“La única vía por la que la banca argentina podrá concentrarse en el financiamiento del desarrollo, es cuando el Estado, en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), esté estructuralmente equilibrado”

La reforma del Estado para un federalismo sano requiere concientizar a la dirigencia política de que cada jurisdicción debe asumir con responsabilidad los roles que le asigna la Constitución y no superponerse entre ellos.

En este sentido, la educación básica, la salud pública, el desarrollo de la infraestructura urbana y la asistencia social son funciones de las provincias y los municipios, no del Estado nacional.

Para ello, las provincias y municipios reciben la coparticipación y cobran sus propios impuestos. Por eso, los 80 programas que se ejecutan desde las carteras nacionales de Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Social deben ser reconsiderados, ya sea para su eliminación o para su transferencia definitiva a las provincias.

Estos programas nacionales son uno de los principales instrumentos que históricamente utilizaron los diferentes gobiernos nacionales para ejercer lo que el decálogo que propuesto por la autoridad de turno señala como “discrecionalidad destinada al disciplinamiento político”.

Estos son los principales temas a abordar en tres reformas muy delicadas pero estratégicas, y donde se necesitan, por lo menos, los consensos en torno al contenido de los problemas.

Abordar las soluciones requiere contar con más del 50% de apoyo en el Congreso donde, con alta probabilidad, ninguna fuerza va superar el 35% de los escaños ya que el espacio parlamentario se define en la primera vuelta, no en el ballotage. Además, hay que contar con el acuerdo de los gobernadores porque las tres reformas los implican.

Estas tres reformas estructurales también determinan el futuro del sector bancario.