Buscarán aprobar dos leyes de reactivación de obra públicas

Mientras el Gobierno trabaja sobre las modificaciones a la ley de alquileres, la intención oficial es avanzar en otros dos proyectos de ley que para el sector privado de la construcción serán impulsos importantes de cara a los próximos meses.

En concreto, la intención es retomar en la próxima sesión parlamentaria un proyecto para prorrogar el régimen de incentivo a la construcción, que ya tiene dictamen de comisión y una ley para establecer créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, atados al índice de variación salarial y no a la inflación.

Según el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto, integrante de la comisión de Presupuesto, se trata de “dos aspectos muy importantes que la Cámara de Diputados está en condiciones de tratar”.

Prórroga del blanqueo

El primer proyecto establece una prórroga de 150 días al Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda con una serie de beneficios impositivos a quiénes inviertan en la construcción privada y, por otro, la posibilidad de exteriorización de activos, es decir un blanqueo de capitales que busca promover la construcción privada.

Desde hace tiempo las empresas venían reclamando que se prorroguen los plazos previstos en el blanqueo. En un principio, la medida generó mucha expectativa, ya que el Gobierno estimaba que reingresarían al sistema unos US$ 5.000 millones, pero las demoras burocráticas en la implementación produjeron desinterés.

La norma contemplaba varios plazos para que los inversores ingresen al blanqueo, pero los más atractivos eran los primeros 60 días, que tenía un costo del 5% del total exteriorizado. Luego, había un mes más con el 10% y el último, hasta el 9 de julio pasado, con el 20%. Pero de los primeros 60 días sólo hubo cinco hábiles para que los interesados se sumen, ya que la reglamentación demoró demasiado tiempo y se consumió el período más beneficioso.

Un nuevo Blanqueo sería conveniente

En tanto, el presidente de la la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo que una prórroga o un nuevo blanqueo “sería muy conveniente porque además los que ingresen podrán decidir en qué invertir hasta finales de 2022”. “ Mucha gente no exteriorizó porque había solo 5 días para ingresar en la primera etapa, la más tentadora, y el horizonte de la pandemia refuerza un panorama optimista”, señaló el empresario.

“Es una lástima que esto haya retrasado, porque las distintas cámaras hicimos un gran esfuerzo para fomentar esta medida para darle una solución al parate que viene mostrando la construcción en los últimos años”, expresaron desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi). “La realidad es que el mercado inmobiliario sigue frenado respecto a su potencial y la construcción no solo mueve las obras, sino que mueve toda la economía”, agregaron.

En julio, la Comisión de Legislación General de la Cámara baja había emitido dictamen favorable al proyecto de ley de prórroga. La decisión fue adoptada en un plenario de la comisión que preside la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau. Se esperaba un tratamiento antes del receso invernal, aunque finalmente no fue así y las elecciones retrasaron aún más su discusión.

A la hora de ser discutida, esta iniciativa no debería sufrir demasiados contratiempos, ya que la ley original fue aprobada por unanimidad, en marzo, mientras que el proyecto de prórroga fue firmado por Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Cristian Ritondo, jefe de bancada del Pro.

Declaración de capitales

De acuerdo al proyecto de extensión, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha y hasta los 90 días pagarán un único tributo del 10%, y los que lo hagan desde ese día y hasta 120 días abonarán el 20%. Sin embargo, esos 120 días empiezan a correr a partir de transcurridos 150 días desde la promulgación de la ley original, por lo que habrá que corregir ese punto cuando se trate el proyecto.

Además, la norma dejará abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue el plazo otros 150 días, en el caso de que el blanqueo fuera exitoso. Sin embargo, este ítem está en el dictamen y no necesariamente quedaría implementado porque podría sufrir cambios durante su tratamiento en el recinto.

Por su parte, el titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu), Damián Tabakman, sostuvo ante El Economista que “dinero no declarado en la Argentina hay mucho y los blanqueos siempre suman”, pero puso en duda sobre si el actual es el mejor momento para relanzarlo debido a que “las decisiones inmobiliarias siempre se enfrían antes de las elecciones y durante el verano”.

Créditos hipotecarios

Asimismo, el oficialismo buscará aprobar otro proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2020 que contempla líneas de créditos hipotecarios para viviendas, atadas al índice de variación salarial y no a la inflación, como el UVA, similares a Unidad Hogar, que ya se está aplicando en los Procrear.

Los créditos se otorgarán en unidades Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER inflación) y el Índice de costo de la construcción para el acreedor y en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para el deudor. Se darán créditos por hasta el 80% del monto de la vivienda a quienes quieran adquirir o construir.

A modo de garantía, se implementará la creación a cargo de los bancos de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (Ffcp) que tendrá por objetivo compensar las diferencias que se produzcan en cada período de pago de las cuotas. El proyecto prevé que los recursos para crear esa caja saldrán de una Sociedad Hipotecaria que administrará dicho fondo de modo de crear nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación para darle sustentabilidad al sistema.

El Ffcp estará compuesto por una porción de la cuota del crédito hipotecario, aportes de las entidades bancarias, con la misma rentabilidad que obtenga el fondo y un aporte inicial del Tesoro Nacional. En detalle, la propuesta del oficialismo apunta a “impulsar el crédito, la actividad, el empleo, los mercados financieros locales y reducir el déficit habitacional” sin dejar de resguardar el capital prestado y cubriendo eventuales descalces cuota/ingreso a lo largo de toda la vida del crédito.

En tanto, para el programa no se comprometerán recursos ni del Tesoro Nacional ni del Banco Central. Igualmente, los detalles se conocerán una vez que comience el tratamiento que el oficialismo espera sea en diciembre.

Expectativas

Para el Gobierno la inversión en infraestructura es central en su programa económico, por lo que esperan poder sostener ese gasto en el marco de un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que este año alcanzó el 2,2% del PIB y esperan llevarlo a 2,4% en 2022. En ese marco, las expectativas de las empresas son positivas.

Por ejemplo, Iván Szczech, proyectó ayer una “mayor inversión privada” para el año próximo, y afirmó que es necesario “disminuir la pobreza en función del acceso a la vivienda”. “La Argentina, para que su economía crezca a 3% anual, necesita inversión pública en infraestructura económica y social no menor al 5% de su PIB, pero en 2019 luego del acuerdo con el FMI fue de 1,1% ayudando a la caída de 24 meses consecutivos de la actividad de la construcción y la pérdida de 100.000 puestos de trabajo previo a la pandemia”, había cosiderado este miércoles el presidente de Camarco en el marco del Día de la Construcción.

En este contexto, señaló que el acto de este miércoles que se desarrolló en el edificio de la confitería El Molino fue “un gran resumen de lo que venimos haciendo, y de lo que entendemos que es necesario a futuro para seguir en esta senda de crecimiento que tiene a la industria de la construcción, tanto en inversión pública como en inversión privada”.

“Hoy tenemos 13 millones de personas que necesitan un techo digno para vivir y ese es nuestro objetivo, empezar justamente a cerrar esa brecha y a brindar igualdad y disminución de la pobreza en función del acceso a la vivienda”, concluyó el empresario.

Fuente: El Economista