Buscan frenar la baja de la alícuota. Aseguran que la medida no tiene impacto negativos en las inversiones

El Gobierno confirmó que envió al Congreso un segundo proyecto de ley que suspende la rebaja de la alícuota de Ganancias para las empresas de 30 al 25% que estaba prevista para este año. Con esto que buscarán compensar la suba del piso de este impuesto para los empleados que ganan menos de $ 150.000.

En este texto, que fue diseñado por el Ministerio de Economía, se asegura que este aumento de la presión impositiva sobre las empresas no tiene impacto negativos en las inversiones.

El proyecto mete en el freezer la reforma impositiva del 2017, que establecía rebajas paulatinas de las cargas para las sociedades. Además de suspender la rebaja del 30 al 25% de la alícuota principal, mantiene este año en 7% la alícuota sobre el reparto de dividendos. Esto implica que la empresa que reparte dividendos entre sus socios pagará este año una alícuota final de 34,9%, pero si no distribuye pagará únicamente 30%.

«No es una buena idea subirle impuestos a las empresas para compensar la suba en el mínimo no imponible de Ganancias -medida incorrecta, a mi juicio-, cuando tenemos la menor inversión de los últimos 50 años, hoy por debajo de la crisis del 2001. Hay que invertir más, no menos», plantea Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria.

La visión del Gobierno es otra.

«Como diversos estudios han demostrado, la inversión en Argentina no es particularmente sensible a esta variable

y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico», indica el texto del proyecto. Y asegura que la rebaja que se produjo en 2017 en la alícuota para las empresas -pasó de 35% al 30%- «provocó pérdida de recursos tributarios generando en perspectiva un sendero de no sustentabilidad fiscal, con nulos efectos sobre la inversión».

«Un sistema progresivo es deseable, pero no se puede ahogar la rentabilidad y afectar a la propiedad. Es tener más ingresos en 2021 a costa de menor inversión. Se hipoteca el futuro», señala Guido Lorenzo, director de la consultora LCG. «No se puede redistribuir lo que no se tiene, primero Argentina necesita crecer y para eso hay que promover al sector privado».

Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, marca que «para las empresas los impuestos son parte de los precios. No es inocuo como definas tu sistema tributario».

La presión tributaria es necesaria

El argumento del Gobierno es que la suba de la presión tributaria sobre las empresas es necesaria para compensar los $ 40.000 millones que el fisco dejará de percibir este año por elevar el piso de Ganancias a $ 150.000 brutos al mes y liberar de este impuesto a 1,2 millón de personas.

«Para compensar el costo dicen que van a ir más lento con la reducción de Ganancias para las empresas. Es una medida populista, por decirlo de alguna forma. Y como es un tema con rating electoral, todo el mundo, incluida la oposición, se sube a eso. Esto va a contramano de lo regímenes tributarios razonables que gravan los ingresos de los individuos más que los de las empresas y va a generar una enorme cantidad de distorsiones», señala Dal Poggetto.

«Lo que se tendría que haber hecho es suavizar las escalas, porque lo que ahora ocurre es que el que empieza a pagar Ganancias ya paga desde alícuotas altas.

Y con este cambio eso va a empeorar:

Van a pagar menos personas, pero el que quede adentro va a tener una alícuota muy alta. Entonces se generan distorsiones en las que la persona que gana unos peso más va a terminar ganando menos», explica Dal Poggetto.

«Es ridículo decir que las empresas no miran la estructura impositiva a la hora de definir una inversión. Este es un proyecto puramente político, que tiene como objetivo que 1,2 millón de personas queden fuera del pago de Ganancias porque eso les da rédito político», apunta la economista.

También Andrés López, economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, cree que la medida contra las empresas va en la dirección equivocada (ver más aparte).

«El problema de base es que el esquema impositivo está diseñado para una economía sin inflación. Entonces hay impuestos a los que la inflación los licua y otros a los que los aumenta, como es este caso. Y lo que termina ocurriendo es que el esquema tributario se adapta a las necesidades electorales», remata Dal Poggetto.

Fuente: Clarín