Los acuerdos por la Ley Bases benefician a Tierra del Fuego, agropecuarios locales y a parte del sector minero

Los acuerdos por la Ley Bases benefician a Tierra del Fuego, agropecuarios locales y a parte del sector minero

Cambios de último minuto Los acuerdos del Senado también beneficiaron a los productores agropecuarios locales y a una parte del sector minero, que lograron seducir a senadores kirchneristas

Pablo Blanco logró el respaldo del bloque radical para preservar el régimen de promoción de Tierra del Fuego archivo

Un viraje radical en la estrategia del oficialismo fue la llave para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Con la llegada del ministro coordinador, Guillermo Francos, el Gobierno se sentó a negociar con la oposición y, después de múltiples concesiones, logró destrabar los acuerdos para avanzar en la sanción definitiva de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Este proceso dejó ganadores y perdedores que buscarán sellar o revertir su suerte en Diputados, cuya definición culminará un largo proceso parlamentario.

En el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se introdujo una modificación crucial. Este esquema ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a los siguientes: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Esta restricción se encontraba en la primera Ley Bases que envió el Gobierno –que Diputados cambió–, aunque ese texto contenía un sector que ahora fue excluido: el agroindustrial.

RIGI

Según pudo saber fueron los senadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires los que pidieron quitar de esta nueva redacción la posibilidad de que empresas ligadas al agro puedan ingresar al RIGI. Buscaron evitar que capitales extranjeros, a través de los generosos beneficios del régimen, copen uno de los sectores más productivos del país, con jugadores locales ya muy establecidos en el mercado nacional e internacional.

Fue una concesión que admitió la administración libertaria en un punto fundamental para el proyecto económico. De hecho, fuentes cercanas al Presidente señalaron a este medio que será el propio Milei quien ocupe directamente de la implementación del RIGI. “Lo considera tan clave que va a intervenir de manera directa en la reglamentación”, detallaron.

En esta etapa se deberá especificar quién será la autoridad de aplicación del régimen, encargada de la aprobación o el rechazo de las solicitudes de adhesión así como de la fiscalización. El traspaso de la agencia de promoción de inversiones –que dependía de la Cancillería– a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, incrementó las sospechas de que pueda estar en su órbita. Si bien fuentes oficiales no descartaron esta posibilidad, señalaron que también podría depender del ministro de Economía, Luis Caputo. En cualquier caso, será una persona de extrema confianza del Presidente.

Entre los apoyos que cosechó el RIGI en el recinto se contó a tres senadores de Unión por la Patria (UP), Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), seducidos por los beneficios para el sector minero, con gran potencial en sus provincias. Votaron a contrapelo de su partido y evidenciaron las tensiones dentro del bloque, donde conviven gobernadores que exhiben buena sintonía con la Casa Rosada.

Frentes encontrados

Los sectores aliados al Gobierno también mostraron diferencias en este punto. Si bien el bloque Pro en el Senado votó a favor, el diputado Luciano Laspina descargó su enojo en su cuenta de X tras enterarse de este cambio en la redacción: “Me dicen que se limitaría el RIGI a ‘sectores ganadores’ y… cuándo no… ¡a Tierra del Fuego! No se me ocurre algo más arbitrario, dirigista y discriminatorio”. El sector tecnológico, incluido como posible beneficiario en la última modificación de la Ley Bases, es también receptor del régimen de promoción fueguino que el Gobierno no muestra indicios de querer desarticular en su plan de ajuste del gasto, a pesar de los cuestionamientos de una parte de la oposición.

Alivio fueguino

Los empresarios tecnológicos también respiraron aliviados tras la eliminación del artículo 111 del paquete de medidas fiscales, que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar un 2% del producto bruto interno (PBI) mediante la supresión de exenciones tributarias o beneficios impositivos. Esta cláusula, que se incluyó por presión del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, apuntaba fundamentalmente a desarmar el régimen de beneficios para los industriales de Tierra del Fuego.

El rechazo de este apartado congregó a un variopinto compendio de senadores. El radical fueguino Pablo Blanco, quien cambió su voto y evitó que el Gobierno perdiera la delegación de facultades, fue uno de sus principales detractores. Sus compañeros de bloque apoyaron su cruzada para voltear el artículo, a pesar de que los correligionarios de Diputados habían aportado el número para incluirlo. El kirchnerismo también se plegó a eliminarlo a pedido del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Todos los libertarios se sumaron a esta impugnación, que logró 65 voluntades. En tanto, solo seis legisladores votaron para que se sostuviera. En su cuenta de X, López denunció un “Senado corporativo”.

Otro de los puntos que el Senado blindó frente a Diputados fue el que concierne al tabaco

Gracias a las abstenciones de una veintena de legisladores de UP, fue aprobado por una amplia mayoría el capítulo que busca elevar de 70 a 73% la alícuota del impuesto interno al tabaco y eliminar el tributo mínimo que hoy rige. Este artículo estaba contemplado en la iniciativa original que había presentado el Gobierno en diciembre, pero llamativamente lo eliminó en medio de versiones sobre lobbies cruzados entre las dos principales empresas tabacaleras: Sarandí, que opera en la provincia de Buenos Aires e importa el insumo desde Brasil, y Massalin Particulares, con terminales en las provincias tabacaleras del norte del país.

Durante años, Tabacalera Sarandí, del empresario Pablo Otero, se benefició de una serie de cautelares contra el impuesto interno mínimo que le permitieron comercializar las marcas de su empresa a valores inferiores a los de la competencia. Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto esas cautelares. Con este nueva cláusula en la Ley Bases, que pone fin al impuesto mínimo actual, Otero deberá cumplir con sus obligaciones fiscales y quedará en igualdad de condiciones con los otros jugadores del mercado.

El RIGI se acotó a sectores específicos y se dejó afuera a la agroindustria

Los empresarios que reciben los beneficios respiraron aliviados tras la votación

Fuente: Memo