Boris Johnson amenaza con un Brexit duro si en 39 días no hay acuerdo

Londres pone a la UE el 15 de octubre como fecha límite

Boris Johnson lanzó a última hora de ayer, en puertas de una semana crucial para las negociaciones entre Londres y Bruselas, una advertencia en tono conminatorio a la UE, pero, sobre todo, a sus compatriotas: la posibilidad de un Brexit duro a partir del 31 de diciembre se perfila como el desenlace definitivo. El primer ministro británico puso incluso fecha a la firma de un acuerdo de libre comercio con los “amigos europeos”: el Consejo de la UE del 15 de octubre. Boris Johnson ha apartado temporalmente la crisis sanitaria para concentrarse de nuevo en la razón de ser de su carrera política: el Brexit. Antes de una semana crucial en las negociaciones entre Londres y Bruselas, el primer ministro ha advertido a la UE —pero sobre todo, a los británicos— de que la posibilidad de una ruptura brusca entre el Reino Unido y Europa comienza a perfilarse como el desenlace definitivo. “Es necesario que concluyamos un acuerdo antes del Consejo Europeo del 15 de octubre”, sentencia Johnson.

El resto del texto podría sonar a un nuevo órdago de los que Londres ha intentado poner sobre la mesa durante tres años de negociaciones, especialmente en la última fase. Pero en esta ocasión, todos los actores reconocen que el Gobierno de Johnson comienza a mostrar sin ambages sus verdaderas cartas, y que ya no disimula su objetivo final de abandonar con las menores ataduras posibles su relación con la UE. “Tendremos entonces un acuerdo comercial con la UE como el que tiene Australia. Y quiero ser absolutamente claro al respecto, como he dicho desde un principio: será un buen resultado para el Reino Unido”.

Una clara señal de la voluntad de Johnson de seguir adelante con este plan ha sido su fichaje del ex primer ministro australiano Tony Abbott como asesor comercial de su Gobierno. Las duras críticas, no solo de la oposición

sino de muchos diputados conservadores, al pasado misógino y autoritario de Abbott no han cambiado la voluntad de Johnson de contar con él.

Si en un primer momento la atención se centró en alcanzar un nuevo y complicado acuerdo de pesca, y dio la impresión de que ese asunto iba a ser el principal escollo, pronto pudo percibirse que el verdadero obstáculo era otro asunto mucho menos manejable: las ayudas estatales a la industria nacional. La UE ha perseguido en todo momento el llamado level playing field, que vendría a traducirse como una nivelación de las reglas del juego. Si Londres quería acceso libre

(sin aranceles ni cuotas) al mercado europeo, debía comprometerse a que sus normas en materia laboral, medioambiental, de protección a los consumidores o de apoyo financiero público a la industria nacional fueran semejantes a las de la UE, para evitar una ventaja competitiva injusta. El argumento de Johnson, durante todo este tiempo, ha sido el de asegurar que el Reino Unido ya es igual de estricto, si no más, que Bruselas en todas estas materias, y que la decisión final debía residir en la buena fe y la confianza mutua.

La trampa, ha sospechado Bruselas, estaba en el cuarto punto. Si desde la era de Margaret

Thatcher el Reino Unido ha sido reacio a proteger a sus empresas con dinero público (sus ayudas no llegaban ni a la mitad de la media del resto de países comunitarios), la nueva visión que Johnson y su estratega jefe, Dominic Cummings, tienen para el Reino Unido pasa por una inversión pública descomunal en la nueva revolución tecnológica. Y se niegan a tener las manos atadas con Bruselas.

“Cualquier relación económica y comercial —entre economías tan próximas e interconectadas como las nuestras— debe incluir mecanismos robustos y creíbles para evitar distorsiones en el comercio y ventajas competitivas injustas. Y esto es particularmente importante en el área de las ayudas estatales, donde el potencial para provocar distorsiones competitivas con el uso de subsidios es muy importante”, dejaba claro el jefe negociador europeo, Michel Barnier, el miércoles en el Instituto de Asuntos Europeos e Internacionales de Dublín.

Johnson no tira la toalla pero los hechos contradicen sus palabras. Según ha adelantado Financial Times, Downing Street trabaja ya en una nueva ley que restaría fuerza jurídica vinculante a apartados clave del Acuerdo de Retirada firmado con Bruselas, especialmente en lo que se refiere a Irlanda del Norte y a las ayudas estatales. Y el primer ministro da ya por sentado que, en los meses venideros, Londres estará dispuesto a “dar acomodo a asuntos sensibles y prácticos como la regulación de vuelos comerciales, el transporte por camión, la cooperación científica, pero sin un acuerdo comercial”.

La interpretación general coincide en que el tono y el mensaje de Downing Street suena en esta ocasión menos a simple bravuconería que a una decisión consumada que los británicos deben comenzar a digerir. Y que, por eso, suena mejor en términos de comunicación pública, un “acuerdo a la australiana” que un Brexit puro y duro.

Fuente: El País