Arrestos en Nicaragua mientras Ortega busca su tercer reelección

Cristiana Chamorro, líder de la oposición, fue arrestada el miércoles. Otro opositor, Arturo Cruz, también está detenido. Treinta periodistas fueron llamados a declarar.

Sobre la Carretera Panamericana Sur que conduce a Costa Rica, a unos 11 kilómetros de la siempre ardiente capital de Nicaragua, policías vestidos de negro y armados con escudos y fusiles de asalto rusos AK-47 vigilan una quinta de dos pisos rodeada de árboles. Dos patrullas han sido colocadas a ambos lados de la propiedad y otras permanecen a pocos metros de la residencia.

Los vehículos pasan por la ruta y la vida transcurre como si nada sucediera dentro de esa casa, donde una periodista de 67 años permanece bajo arresto domiciliario desde hace cuatro días, cuando una jueza local dictó orden de detención y allanamiento en su contra, como parte de un proceso investigativo por supuestos delitos de corrupción.

Ella es Cristiana Chamorro, aspirante presidencial opositora e hija de Violeta Barrios de Chamorro, la nonagenaria expresidenta que destronó al comandante Daniel Ortega en las elecciones de 1990 y puso fin al primer gobierno sandinista tras diez años de revolución. Ortega volvió al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y 2016, la última vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Asedio

El pasado miércoles, cuando se ordenó el allanamiento, tropas antimotines rodearon y tomaron por asalto la propiedad de Chamorro. Irrumpieron saltando sobre los muros traseros, al mejor estilo de las redadas hollywoodescas contra los capos del narcotráfico, de acuerdo con vecinos. Desde entonces, la opositora permanece encerrada junto a sus empleadas domésticas y desde el jueves incomunicada, según denunció su hermano, el también periodista Carlos Fernando Chamorro, uno de los más influyentes del país y cuyos medios de comunicación fueron allanados por la policía dos veces desde 2018.

El gobierno informó que se llevó todos los equipos electrónicos de la vivienda (teléfonos móviles, IPads y computadoras) en busca de pruebas con las que espera demostrar que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la cual la periodista dirigió hasta enero pasado, cometió lavado de dinero.

Según la Fiscalía, la ONG que la ex mandataria creó en 1997 para promover la libertad de prensa y que cerró operaciones en febrero, por presiones de una ley que busca controlar el financiamiento externo a los opositores al régimen, sería responsable de manejos “irregulares” de fondos proporcionados, entre otros, por la USAID de Estados Unidos y las agencias de cooperación de España y de Suiza. En el marco de la acusación, una jueza local congeló las cuentas de Cristiana Chamorro, levantó el sigilo bancario para investigar sus transacciones y le prohibió salir del país, mientras dispuso su “inhabilitación para cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”.

Ortega busca su tercera reelección

La opositora rechazó la acusación por considerarla “una monstruosidad” dirigida a impedir su candidatura presidencial en los comicios del 7 de noviembre, cuando Ortega, que ese mes cumplirá 76 años, buscará su tercera reelección consecutiva y su quinto mandato presidencial. El plazo de inscripción de candidatos vence el 2 de agosto.

Como parte del proceso han sido citados a declarar unos 30 periodistas y dueños de medios de comunicación independientes, así como promotores culturales que tuvieron alguna relación con la FVBCH. Uno de los llamados fue incluso Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura y vicepresidente del país durante el primer gobierno de Ortega.

El laureado novelista de 78 años, en la disidencia desde hace tres décadas, acudió a la Fiscalía como representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una pequeña ONG cultural. “Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en el marco electoral, y me parece que (el caso Chamorro) está relacionado a eso”, comentó Ramírez.

Cristiana Chamorro aspira a ser la candidata de una oposición dividida y golpeada por reformas dispuestas por los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), mayoritariamente proclives al partido sandinista. Ellos fueron nombrados en mayo por el Parlamento, también de mayoría sandinista y encargado de aprobar las leyes que aplica un sistema judicial igualmente sometido al Ejecutivo.

En el último mes, el CSE le retiró la personería jurídica a dos partidos opositores y esta semana advirtió a la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, única alternativa disidente tolerada hasta hoy), que se inhibirá a los precandidatos que hayan participado en “el fallido golpe de Estado”, como el gobierno denomina a la revuelta social que estalló el 18 de abril de 2018. Todos los aspirantes presidenciales opositores están ligados de una u otra forma a esos hechos.

Detenciones

Y este sábado por la tarde, el conocido economista Arturo Cruz Sequeira, precandidato presidencial de CxL y ex embajador de Ortega en Estados Unidos,fue detenido en el aeropuerto de Managua tras arribar de Washington (Ver “Llevan a Cruz …. ”)

La llamada “rebelión de abril” se inició cuando cientos de estudiantes salieron a protestar contra una reforma al Seguro Social, que amenazaba con reducir las pensiones de los jubilados.

Los jóvenes levantaron barricadas y las protestas fueron sofocadas a balazos por policías y paramilitares sandinistas, con un saldo de 328 muertos; 2.000 heridos, centenares de detenidos y unos 100.000 emigrados y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno reconoció 200 muertos en los primeros tres meses de protestas.

Tras recuperar el control a sangre y fuego, Ortega prohibió en septiembre de 2018 las manifestaciones opositoras. Desde entonces la policía detiene a quien se atreva a salir de su casa con una pancarta o una bandera de Nicaragua, convertida hace tres años en un emblema de la oposición.

Según han constatado los periodistas, los hoteles, viviendas u oficinas donde se reúnen los adversarios del gobierno son asediados por patrullas de la policía; algo inimaginable en el país hace solo unos años.

La oposición reporta más de 120

«presos políticos» todavía en prisión y son pocos los activistas que se atreven a protestar en sitios públicos. Algunos realizan “piquetes exprés”; que consisten en irrumpir en grupos pequeños en una avenida o centro comercial (shopping), gritar consignas contra Ortega y desaparecer minutos después; esto si no los captura la policía, que pareciera estar presente en cada esquina de la ciudad.

Si en la década de 1980 se vigilaba a la oposición mediante los Comités de Defensa Sandinista; hoy el control en los barrios lo tienen activistas y militantes del partido a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de las llamadas Unidades de Victoria Electoral (UVE); creadas este año para “asegurar el voto sandinista”.

En apoyo a esa estructura, una cantidad no determinada de civiles armados; en su mayoría militares retirados del ejército y del Ministerio del Interior sandinista; operan desde antes de 2018 como una fuerza armada paralela a la policía, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros.

La población quiere un cambio

Líderes de la oposición aseguran que la mayoría de la población quiere un cambio, y que miles de personas apoyan a Ortega por temor a perder el empleo.

Otros dicen que muchos cerraron filas en torno al gobierno tras la crisis de 2018; pues los señalados por violaciones de derechos humanos temen que, de ganar la “derecha golpista”, les pasarán factura.

“Cada vez la palabra revolución despierta más odio. Cada vez es mayor la distancia entre lo que fue el sandinismo y lo que es hoy”, comentó un nostálgico exmilitar; nicaragüense que emigró a California a mediados de los años ’90.

Allá reside también la poeta Daisy Zamora; ex viceministra de Cultura en los tiempos del famoso Ernesto Cardenal y entonces ferviente defensora de la revolución sandinista. Hoy la escritora opina que Nicaragua vive atrapada en “un círculo vicioso que engendra dictadores”. Y agrega desde su cuenta de Facebook: “Nicaragua es como una carreta atascada en un lodazal”.

En las afueras de la ciudad, Cristiana Chamorro espera bajo arresto domiciliario el desenlace de este nuevo y surrealista capítulo de la historia. Queda por ver si Daniel Ortega logra mantenerse en el poder o si el déjà vu se convierte en realidad.

Fuente: Clarín