Argentina posee "niveles récord de presión tributaria"
(Clarín, por Nadín Argañaraz) – Pese a que bajó el año pasado y lo volvería a hacer durante el corriente, la presión tributaria efectiva (lo que se recauda) evidencia en la actualidad niveles récord. En efecto, en el 2015 la recaudación tributaria y previsional de los Estados nacional, provincial y municipal, alcanzó el 34,8% del PBI, representando un crecimiento del 60% respecto a 2001. En 2016 habría caído al 33,3% del PBI, explicada principalmente como resultado de la reforma del Impuesto a las Ganancias de personas físicas y de la reducción de los derechos de exportación.
Puesta en contexto internacional, la presión tributaria de 2015 fue prácticamente similar a la del promedio de países de la OCDE, que fue del 34,3% del PBI. En 1990, mientras la OCDE tenía una presión tributaria del 32% del PBI, Argentina tenía una del 14%. Estos números ponen en evidencia que el aumento de presión tributaria que registró nuestro país en los últimos años fue sustancial.
Una característica relevante de la estructura tributaria argentina es el bajo nivel de visibilidad que tienen los impuestos indirectos, principalmente los de origen provincial y municipal. Esto dificulta la percepción del ciudadano respecto al costo que tiene la prestación de servicios por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno.
En IARAF se vienen realizando sistemáticamente estudios microeconómicos de incidencia legal de los tributos de los tres niveles de gobierno, de modo tal de intentar cuantificar cuánto del precio de un bien o servicio son tributos, incluidos los que recaen sobre el trabajo.
Algunos ejemplos: en el caso de alimentos, la carga tributaria total varía entre el 38% y el 44%, según tributen un IVA del 10,5% o 21%. Una bebida gaseosa tiene una carga tributaria del orden del 50% de su precio final. Una casa nueva tiene un carga tributaria del 44%. Y puede continuarse con otros bienes y servicios.
Estos niveles de carga abren la puerta a la evasión, principalmente de quiénes tiene poca aversión al riesgo, lo que genera una competencia desleal que es significativa. Si alguien vende un alimento o una bebida gaseosa a un consumidor final, generando margen para no declarar un 20% a los fiscos, tiene un incremento de rentabilidad de más del 100% sobre aquél que no lo hace, suponiendo el resto de las variables (probabilidad de detección, multas por evadir, entre otros) constante. Por eso es clave bajar la carga.
Respecto a la falta de visibilidad de los tributos, una idea clara lo brinda el impuesto provincial a los ingresos brutos. Teniendo en cuenta el método de recaudación proporcional, sustituir la recaudación actual de este impuesto, equivaldría a una alícuota promedio de IVA del 11%. Esto implica que en la actualidad, el consumidor promedio de Argentina paga como mínimo una alícuota de IVA del 32% (considerando una alícuota nacional del 21%). El número es impactante, pero es la realidad de la carga tributaria actual.
La carga tributaria es la contracara del peso del gasto público. Entre principios de la década pasada y ahora, el gasto público casi que ha duplicado su participación en el PBI, llegando a niveles del orden del 47%.
El desafío que se tiene por delante es encontrar el sendero de menor tensión entre baja del peso del gasto, del déficit fiscal y de la carga tributaria. Gobierno nacional y provinciales tienen que encontrarlo de manera conjunta y consensuada. Es vital para la sostenibilidad económica argentina.
Una característica relevante de la estructura tributaria argentina es el bajo nivel de visibilidad que tienen los impuestos indirectos, principalmente los de origen provincial y municipal. Esto dificulta la percepción del ciudadano respecto al costo que tiene la prestación de servicios por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno.
En IARAF se vienen realizando sistemáticamente estudios microeconómicos de incidencia legal de los tributos de los tres niveles de gobierno, de modo tal de intentar cuantificar cuánto del precio de un bien o servicio son tributos, incluidos los que recaen sobre el trabajo.
Algunos ejemplos: en el caso de alimentos, la carga tributaria total varía entre el 38% y el 44%, según tributen un IVA del 10,5% o 21%. Una bebida gaseosa tiene una carga tributaria del orden del 50% de su precio final. Una casa nueva tiene un carga tributaria del 44%. Y puede continuarse con otros bienes y servicios.
Estos niveles de carga abren la puerta a la evasión, principalmente de quiénes tiene poca aversión al riesgo, lo que genera una competencia desleal que es significativa. Si alguien vende un alimento o una bebida gaseosa a un consumidor final, generando margen para no declarar un 20% a los fiscos, tiene un incremento de rentabilidad de más del 100% sobre aquél que no lo hace, suponiendo el resto de las variables (probabilidad de detección, multas por evadir, entre otros) constante. Por eso es clave bajar la carga.
Respecto a la falta de visibilidad de los tributos, una idea clara lo brinda el impuesto provincial a los ingresos brutos. Teniendo en cuenta el método de recaudación proporcional, sustituir la recaudación actual de este impuesto, equivaldría a una alícuota promedio de IVA del 11%. Esto implica que en la actualidad, el consumidor promedio de Argentina paga como mínimo una alícuota de IVA del 32% (considerando una alícuota nacional del 21%). El número es impactante, pero es la realidad de la carga tributaria actual.
La carga tributaria es la contracara del peso del gasto público. Entre principios de la década pasada y ahora, el gasto público casi que ha duplicado su participación en el PBI, llegando a niveles del orden del 47%.
El desafío que se tiene por delante es encontrar el sendero de menor tensión entre baja del peso del gasto, del déficit fiscal y de la carga tributaria. Gobierno nacional y provinciales tienen que encontrarlo de manera conjunta y consensuada. Es vital para la sostenibilidad económica argentina.
