Apuran una ley para extender la purga de familiares a la Justicia y el Congreso
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a cargo de la redacción del proyecto, y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, que desde Jefatura de Gabinete supervisa la iniciativa, ya habían acordado incluir la purga de parientes. Pero el decreto que firmó el Presidente para prohibir la designación de familiares de ministros en el Ejecutivo los forzó a ir más allá. Así, el proyecto, no sólo atiende la situación de los ministros. Establece, además, que “los funcionarios públicos”, sin importar el rango, “no pueden promover ni designar a familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”. Es decir, un funcionario no podrá contratar bajo su área ni siquiera a un primo. El texto aclara que la prohibición “se extiende a cualquier tipo de designación recíproca que suceda entre las distintas reparticiones”. Esto es moneda corriente en el Congreso.
En el discurso que pronunciará el 1° de marzo en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias, Mauricio Macri presentará los desafíos en materia de transparencia para este año. De esos temas formará parte la reforma de la Ley de Etica Pública, que el Gobierno terminará de pulir la próxima semana para apurar el debate. Si bien los funcionarios aclaran que “todavía no está cerrado”, se confirmó que el texto contendrá tres puntos que están en la agenda pública: el combate al nepotismo, el control de los conflictos de interés y las declaraciones juradas de los dirigentes gremiales.
Pero el proyecto, al menos en este punto, es ambicioso y terminaría por partida doble con estos enroques. Es que, además, extiende el decreto de Macri a los otros dos poderes del Estado: los familiares de legisladores no podrán ser contratados en el Congreso; y los de jueces y fiscales tampoco podrán ingresar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, respectivamente. Igual, la “familia judicial” tendrá una alternativa para asegurar su supervivencia: quedarán exceptuados aquellos que ingresen por concurso público.
Con el proyecto, el Gobierno también apunta a mostrarse activo ante el que acaso sea su punto más bajo en cuanto a transparencia: introduce como novedad la figura del conflicto de interés “potencial”, que exige a un funcionario abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que tuvo relación en los tres años anteriores. El punto específicamente alude a Aranguren, obligado a vender sus acciones en Shell y también fue puesta en práctica por el Ejecutivo cuando le ordenó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, intervenir en lugar de Aranguren en los asuntos relativos a la petrolera.
Por último, establece el conflicto de interés “aparente”, que hace una interpretación más amplia. Fija casos “en los que no se configura un conflicto de intereses actual o potencial” pero que “la significación institucional, social o económica de una situación amerite fortalecer la confianza de la ciudadanía”.
(Fuente Clarín)
