Acciones y bonos se hundieron hasta 17,1%, y el riesgo país saltó casi 10%
Las acciones líderes de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) se desplomaron hasta 17% y el índice S&P Merval cedió 5,5%, mientras que los bonos perdieron hasta 12%, después de que el Gobierno iniciaria el camino para reestructurar la deuda con inversores y el FMI.
El Gobierno dijo el miércoles que buscaría prolongar los plazos de las obligaciones para aliviar la presión sobre el dólar y las reservas, en medio de una crisis de confianza por el aumento de la tensión política antes de las elecciones de octubre.
El índice de riesgo país del banco de inversión J.P. Morgan escalaba 183 puntos básicos a 2.255 unidades, reflejando un nuevo salto en las preocupaciones de los inversores y augurando otra sesión financiera complicada.
En Europa, los precios de los bonos de Argentina caían a nuevos mínimos el jueves, mientras que el costo de asegurarse de un default volvía a dispararse. «Como no tienen el dinero, algún ajuste es necesario», dijo Abhishek Kumar, gerente de cartera de mercados emergentes de State Street Global Advisors.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, resaltó que el plan apuntaba solo a prolongar los plazos pero no implicaba ninguna pérdida para los inversores. Pero la iniciativa estaba rodeada de interrogantes, ante la experiencia de otras tortuosas renegociaciones de deuda argentina en el pasado reciente.
«La estrategia del gobierno no es ajena a una miríada de riesgos», dijo J.P Morgan en un informe. «No está claro cuál será la reacción de los tenedores de deuda bajo ley local (…) considerando que el Congreso abordará el reperfilamiento de deuda local solo tras la votación de octubre».
Los activos argentinos se derrumbaron después de que Macri sufrió una derrota aplastante en unas elecciones primarias ante Alberto Fernández.
Las primarias eran vistas como una prueba crucial para la continuidad de las reformas de Macri antes de las elecciones de octubre, en las que buscará la reelección. Fernández ha prometido que sacará al país de los duros problemas económicos que atraviesa, con una inflación elevada y recesión.
FMI analiza anuncios
«Seguimos siendo cautelosos», dijo el banco Citi en una nota. «Si bien creemos que se han abordado las necesidades de financiamiento a corto plazo, la incertidumbre política sigue siendo alta: cualquier propuesta sobre bonos globales podría ser desenrollada por la nueva administración potencial».
A pesar de que el Banco Central vendió unos u$s1.400 millones al mercado cambiario desde las primarias del 11 de agosto para contener la demanda de la divisa, el peso se depreció 23,5% en ese período.
El FMI en la noche del miércoles dijo que está en proceso de analizar las medidas anunciadas y evaluar su impacto.
La iniciativa del Gobierno ejerció más presión de venta en las primeras operaciones europeas sobre los bonos denominados en dólares de Argentina emitidos bajo la ley extranjera. La emisión con vencimiento en 2028 cayó alrededor de un centavo a un mínimo de 42 centavos de dólar.
Según IHS Markit, el costo de asegurar la exposición a la deuda del país sudamericano se disparó a 4.159 puntos básicos en el mercado de swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años.
«El nuevo perfil ya estaba en los precios», dijo Alberto Bernal, estratega jefe de mercados emergentes de XP Investments en Nueva York. «Espero que el FMI apoye la decisión, sobre todo porque el FMI ya está completamente involucrado aquí».
«Hasta donde yo entiendo, esta transacción no desencadena CDS, pero obligará a las agencias calificadoras a declarar que Argentina está nuevamente en default selectivo», agregó.
El incumplimiento selectivo es cuando un país no realiza los pagos de una obligación de deuda pero cumple con los otros títulos.
El fantasma de la cesación de pagos vuelve a aparecer en Argentina después de que en el 2001 protagonizó uno de los mayores default de la historia por más de 100.000 millones de dólares.
Macri, que ahora anunció la intención de extender los plazos de vencimiento de deuda, puso fin a la moratoria del 2001 al acordar en el 2016 el pago de más de 9.000 millones de dólares a acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda del 2005 y 2010.
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