Con índices bursátiles batiendo récords en 2009, una incipiente recuperación económica a nivel mundial y bajas tasas de interés, todo jugaba a favor de un importante despegue para una Argentina que peleaba por salir de la recesión.
Pero la intempestiva decisión del Gobierno de firmar un DNU para disponer de las reservas cambió el eje de la discusión y generó una verdadera tormenta política, que terminó con la salida de Martín Redrado al frente del Central y un gobierno que terminó duramente enfrentado con los otros dos poderes de la República, es decir la Justicia y el Congreso.
Los episodios que se sucedieron a partir del 14 de diciembre, cuando se creó el Fondo del Bicentenario, ya son conocidos y resultaría interminable enumerarlos. La crisis dejó al descubierto las urgencias fiscales del Gobierno y su voracidad por conseguir recursos de cualquier manera.
Pero también demostró que los poderes funcionan y que están en condiciones de imponer límites a los manejos arbitrarios por parte del kirchnerismo.
Un Congreso mucho más equilibrado desde el último 10 de diciembre y una Justicia mucho más alerta fueron duros obstáculos con los que se encontró el Gobierno para llevar adelante sus iniciativas. Así, el despido de Redrado tuvo que pasar por el análisis de la comisión bicameral que dispone el artículo 9 de la Carta Orgánica. Y el giro de las reservas efectuado el 1º de marzo para engrosar el Fondo del Desendeudamiento no sólo pende de un hilo, sino que además empujó al precipicio a la nueva titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

Destino incierto

El nuevo Fondo del Desendeudamiento consta, en realidad, de dos fondos distintos. La porción destinada al pago a organismos multilaterales –por un total de u$s 2.187 millones– está fuera de la discusión. Ya en 2005, cuando el Gobierno le pagó la totalidad de la deuda al FMI, se había aprobado la posibilidad de disponer de reservas para cancelar este tipo de obligaciones.
La polémica se centra, por lo tanto, en los u$s 4.382 millones para cancelar la deuda que vence en dólares a lo largo de 2010. Para el Gobierno, se trata de un paso fundamental para liberar recursos presupuestarios y darle otro destino. La oposición sospecha que en realidad el Gobierno busca más fondos para encarar la campaña
electoral del 2011.

Distintos legisladores del arco opositor manifestaron, en medio de la disputa, que están dispuestos a discutir en el ámbito legislativo si le habilitan al Gobierno el uso de reservas y cuál sería el monto para hacer frente al gasto a lo largo del año. El objetivo es reabrir el Presupuesto 2010 y discutir cuál es el verdadero nivel de ingresos y gastos con los que contará el Gobierno, que difiere sustancialmente
del “dibujo” que aprobó el Congreso el año pasado.
A esta altura quedan pocas dudas de la vocación del Gobierno por cumplir con los pagos de la deuda. No sólo están los recursos sino que además existe la voluntad política (no sólo gubernamental) por cumplir con los vencimientos.
El default, después de la experiencia nefasta del 2001, dejó de ser una alternativa incluso para la clase política (aunque siempre hay algunas excepciones).

Las consecuencias económicas

La intención de disponer de las reservas a través de un DNU generó numerosas reacciones institucionales. Pero no se puede evitar el impacto económico de una decisión de estas características.
Tal vez lo más relevante pase por el impacto sobre los precios de monetizar semejante cantidad de reservas. La inflación muestra un nivel creciente desde el último trimestre del año pasado, en coincidencia con los primeros signos de reactivación de la economía. Según los relevamientos de consultoras privadas, de un nivel cercano a 1% se saltó a casi 3% en febrero, un mes que por lo general presenta baja estacionalidad.
El problema es que monetizar las reservas destinadas al vencimiento de bonos en dólares implicaría volcar al mercado $ 25.000 millones adicionales. Pero no es todo: además se suman otros 20.000 millones que el Central le girará al Tesoro en concepto de utilidades obtenidas en 2009, en su mayor parte por la revaluación de los títulos públicos.
La tendencia es preocupante. En el primer trimestre de 2010 se acumuló un incremento de precios superior a 7% y de mantenerse la tendencia la inflación en el año rondaría el 30%. Un escenario preocupante, considerando que los signos de reactivación son todavía tenues.
Las variables macro tampoco acompañan para ser optimistas en relación con la evolución de los precios en los próximos meses: el público adelanta el consumo para no perder poder adquisitivo, pero las empresas no muestran señales de aumentar la inversión (y por ende la oferta) mientras se mantenga el actual contexto de incertidumbre.
Los u$s 47.500 millones de reservas y la expectativa de un gran ingreso en los próximos dos meses ante una cosecha de soja récord alejan, por otra parte, la posibilidad de un sobresalto cambiario. El Banco Central mantuvo la política de evitar saltos bruscos en la cotización para no generar reacciones entre los ahorristas y al menos a partir de mediados de febrero consiguió su objetivo.
Las dudas en relación con el tipo de cambio no pasan por el “poder de fuego” del Central a la hora de defender una cotización determinada, sino por la amenaza del atraso cambiario. Con una inflación que apunta a ubicarse en niveles de por lo menos 25%, un tipo de cambio que aumentaría menos de 10% este año acentuará el atraso cambiario y los reclamos desde distintos sectores productivos.
Pero esto será, probablemente, uno de los temas que ocuparán el centro de la escena en el segundo semestre de un 2010 que arrancó convulsionado, pero que se mantendría así durante mucho tiempo, tal vez hasta el traspaso presidencial en 2011.