Se negaron a declarar los gremialistas de la Uocra Bahía Blanca acusados de extorsión
A Monteros y Burgos se sumaron este viernes otros integrantes de la cúpula. En total, hay once detenidos y tres prófugos.
Humberto Monteros, el ex secretario general de la Uocra Bahía Blanca detenido el jueves acusado de encabezar una asociación ilícita y por extorsión se negó ayer a declarar, lo mismo que había hecho José Bernardo Burgos, ex secretario adjunto del sindicato.
Junto con Monteros, que fue detenido el jueves en la ciudad balnearia de Monte Hermoso con más de cinco millones de pesos, 100 mil dólares, armas y droga en su poder, otros cinco detenidos, integrantes de la ex cúpula de la Uocra Bahía Blanca, se negaron también a declarar anta la Justicia. Son Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez y Wakter Paiz.
Según explicó el fiscal del caso, Gustavo Zorzano, ayer se negaron a declarar cinco detenidos. Se trata de Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz y Aníbal Aranda, todos ex integrantes de la delegación bahiense del gremio de los albañiles.
La jueza Marisa Promé, titular del Juzgado de Garantías número 4, ordenó en tanto varios allanamientos que dejaron como resultado diez detenciones, que se produjeron ayer la madrugada.
Más tarde, se entregó Paiz, otro de los acusados, que permanecía prófugo. En total, los apresados hasta anoche eran once y los prófugos, tres. “Los tres prófugos tuvieron un papel protagónico, intervinieron en varios hechos”, dijo en declaraciones a la prensa el fiscal Zorzano, quien destacó que en la asociación ilícita “había una división de tareas”.
El fiscal informó que se investigan “44 hechos en total”, entre los que hay casos de extorsión y de otros delitos, como el de daños. “los sobres preparados”
Ayer, en tanto, trascendieron testimonios sobre las prácticas de los sindicalistas detenidos. En declaraciones radiales, el fiscal Zorzano dijo que los empresarios de la construcción de la zona “todos los meses tenían un sobre preparado” para pagarles a los emisarios del gremio que estaba liderado por Monteros y Burgos.
“Todos los meses tenían un sobre preparado en la empresa, que iba a buscar alguno de los integrantes de este grupo (por los directivos del sindicato). Era la condición para poder trabajar. Si no se pagaba esa suma mensual, la consecuencia era la paralización de las obras, o las asambleas, que eran congregaciones de gente que imposibilitaban el acceso de vehículos y operarios”, explicó Zorzano.
El fiscal, a cargo de la UFI 10 de Delitos Complejos, afirmó que las maniobras del grupo liderado por Monteros y Burgos se venían realizando desde hace aproximadamente diez años. “Logramos tomar declaración a más de 60 personas, muchos de ellos empresarios, otros, empleados de esas empresas. Incluso, hemos tomado declaración a ex directivos de la Uocra. Remontan hasta el año 2006, 2007 (el momento en) que empezaron a hacer pagos espurios”, indicó.
“Lo que dicen los testigos es que les hacían la vida imposible. No sé si fue el motivo de retirarse (para algunas empresas). El aumento de los gastos era muchísimos. Todo estaba mal”, subrayó el fiscal.
En cuanto a los montos que los empresarios abonaban, Zorzano puntualizó que “han pagado 350 mil pesos por mes”.
Uno de los empresarios, Santiago Saldungaray, dueño de OMSA Bahía Blanca, reconoció que tuvo que “negociar” con los gremialistas “para poder trabajar”. “Todos tuvimos que hacerlo”, afirmó el empresario, quien explicó que la presión llegaba hasta las grandes empresas y la metodología, en general, era la misma.
En tanto, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, formuló ayer declaraciones a la prensa en las que consideró que una “parte del poder político miró para otro lado” en cuanto a las denuncias que existían sobre la conducción del gremio de la construcción en esa ciudad y advirtió que también había “temor por parte de los empresarios”.
Según explicó el fiscal del caso, Gustavo Zorzano, ayer se negaron a declarar cinco detenidos. Se trata de Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz y Aníbal Aranda, todos ex integrantes de la delegación bahiense del gremio de los albañiles.
La jueza Marisa Promé, titular del Juzgado de Garantías número 4, ordenó en tanto varios allanamientos que dejaron como resultado diez detenciones, que se produjeron ayer la madrugada.
Más tarde, se entregó Paiz, otro de los acusados, que permanecía prófugo. En total, los apresados hasta anoche eran once y los prófugos, tres. “Los tres prófugos tuvieron un papel protagónico, intervinieron en varios hechos”, dijo en declaraciones a la prensa el fiscal Zorzano, quien destacó que en la asociación ilícita “había una división de tareas”.
El fiscal informó que se investigan “44 hechos en total”, entre los que hay casos de extorsión y de otros delitos, como el de daños. “los sobres preparados”
Ayer, en tanto, trascendieron testimonios sobre las prácticas de los sindicalistas detenidos. En declaraciones radiales, el fiscal Zorzano dijo que los empresarios de la construcción de la zona “todos los meses tenían un sobre preparado” para pagarles a los emisarios del gremio que estaba liderado por Monteros y Burgos.
“Todos los meses tenían un sobre preparado en la empresa, que iba a buscar alguno de los integrantes de este grupo (por los directivos del sindicato). Era la condición para poder trabajar. Si no se pagaba esa suma mensual, la consecuencia era la paralización de las obras, o las asambleas, que eran congregaciones de gente que imposibilitaban el acceso de vehículos y operarios”, explicó Zorzano.
El fiscal, a cargo de la UFI 10 de Delitos Complejos, afirmó que las maniobras del grupo liderado por Monteros y Burgos se venían realizando desde hace aproximadamente diez años. “Logramos tomar declaración a más de 60 personas, muchos de ellos empresarios, otros, empleados de esas empresas. Incluso, hemos tomado declaración a ex directivos de la Uocra. Remontan hasta el año 2006, 2007 (el momento en) que empezaron a hacer pagos espurios”, indicó.
“Lo que dicen los testigos es que les hacían la vida imposible. No sé si fue el motivo de retirarse (para algunas empresas). El aumento de los gastos era muchísimos. Todo estaba mal”, subrayó el fiscal.
En cuanto a los montos que los empresarios abonaban, Zorzano puntualizó que “han pagado 350 mil pesos por mes”.
Uno de los empresarios, Santiago Saldungaray, dueño de OMSA Bahía Blanca, reconoció que tuvo que “negociar” con los gremialistas “para poder trabajar”. “Todos tuvimos que hacerlo”, afirmó el empresario, quien explicó que la presión llegaba hasta las grandes empresas y la metodología, en general, era la misma.
En tanto, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, formuló ayer declaraciones a la prensa en las que consideró que una “parte del poder político miró para otro lado” en cuanto a las denuncias que existían sobre la conducción del gremio de la construcción en esa ciudad y advirtió que también había “temor por parte de los empresarios”.
